Preso político iraní Omid Kokabee
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Actualizado: lunes, 18 julio 2016 12:05

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado este lunes que las autoridades iraníes "están jugando cruelmente con la vida de los presos políticos" al negarles una atención médica que en muchos casos es crucial para su supervivencia.

En el informe 'Salud secuestrada: negación cruel de la atención médica en las cárceles de Irán', AI ofrece "una terrible radiografía" de la situación de los presos políticos con "convincentes indicios" de que el Poder Judicial "impide deliberadamente el acceso a servicios médicos adecuados" con el objetivo de "intimidar, castigar o humillar a los presos políticos u obligarlos a hacer 'confesiones'".

"En Irán es habitual que la salud de los presos esté secuestrada por la autoridades, que hacen imprudentemente caso omiso de sus necesidades médicas", ha dicho el director de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, Philip Luther.

Luther ha subrayado además que "cuando privar a un preso de atención médica es causa de dolor o sufrimiento graves y se hace intencionalmente, con fines como castigarlo, intimidarlo u obtener de él una 'confesión' forzada, constituye tortura".

La organización ha alertado de que esta táctica para presionar a los presos políticos iraníes a menudo les pone "en grave riesgo de muerte y discapacidad permanente u otros daños irreversibles para su salud".

La ONG ha reclamado a las autoridades iraníes "que cumplan sus obligaciones internacionales y dejen de inmediato de negar el acceso a servicios médicos" e investiguen "a todos los funcionarios que puedan están implicados en casos de negación deliberada de atención médica".

"ATERRADORA CRUELDAD"

El informe de AI ofrece "una imagen muy inquietante de la Fiscalía, a la que competen en Irán las decisiones relativas a permisos carcelarios", porque "suele negarse a autorizar los traslados de presos enfermos a hospitales, incluso si no pueden recibir en prisión la atención que necesitan", aún "en contra de la opinión de los médicos".

En algunos casos "fueron responsables de tortura u otros malos tratos"." En varios casos retiraron la medicación a presos políticos o les aplicaron innecesariamente instrumentos de inmovilización, como esposas y grilletes, que dificultaban su tratamiento, les producían lesiones o les causaban malestar y humillación", ha indicado.

Es el caso de Omid Kokabee, físico de 33 años, que cumple diez años de condena por negarse a trabajar en proyectos militares en Irán. "Se quejó de problemas de riñón durante casi cinco años, pero las autoridades hicieron caso omiso a sus solicitudes de atención médica, y el pasado mes de abril "le diagnosticaron un cáncer renal muy avanzado" por el que tuvieron que operarlo de urgencia para extirparle el riñón derecho.

"Llevaba mucho tiempo esperando que lo trasladaran al hospital (...) pero las autoridades no accedían. Los médicos de la prisión jamás lo examinaron siquiera; se limitaban a prescribirle analgésicos", ha relatado un familiar de Kokabee.

Una fotografía publicada recientemente muestra a Kokabee encadenado a la cama del hospital durante un ingreso anterior a dicha intervención quirúrgicar, en 2015, que "causó indignación en las redes sociales" de la nación persa.

A Afshin Sohrabzadeh, preso político kurdo iraní que padece un cáncer intestinal que le provoco frecuentes hemorragias gastrointestinales graves, le pidierion "una suma abusiva de dinero" como garantía del pago de su tratamiento médico.

"Si no puedes presentar una propiedad como fianza para tu permiso médico, no te preocupes: mandaremos tu cadáver al depósito para que tu madre y tu padre vayan a buscarlo", le dijeron, de acuerdo con los testimonios recabados por AI.

Según los propios presos, "los médicos de la prisión eran a veces cómplices de los abusos". "Algunos médicos restaban importancia sistemáticamente a sus problemas de salud o no les prestaban ninguna atención, diciéndoles que eran 'producto de su imaginación', y trataban dolencias graves con analgésicos y tranquilizantes", ha apuntado.

MUJERES PRESAS

Las mujeres encarceladas "encuentran obstáculos adicionales para recibir atención médica". "En varias ocasiones, se negaron a presas con problemas de salud pruebas de urgencia u otros tratamientos por considerarse inapropiado que las atendiera personal médico masculino", además de sufrir "acoso e insultos de índole sexual por no cumplir la estricta normativa sobre el uso del velo", ha denunciado AI.

Zeynab Jalalian, kurda iraní que cumple cadena perpetua por su presunta pertenencia a un grupo opositor, "está expuesta a quedarse ciega". Su familia cuenta que "le golpearon reiteradamente la cabeza contra la pared, causándole una fractura de cráneo que le provocó una hemorragia cerebral y daños en la vista".

Como consecuencia de ello debe ser operada con urgencia pero se le ha negado hasta que haga unas "confesiones". "Le dijeron que, si las hacía, no sólo le reducirían la condena, sino que también la llevarían al médico", ha dicho su hermana, Deniz Jalalian, a Amnistía Internacional.

"Condicionar la atención médica a que se haga una declaración de 'arrepentimiento' o una 'confesión' no sólo es una forma vergonzosa de aprovecharse de la salud de la persona presa, sino que constituye también un claro incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos", ha incidido Luther.

HUELGAS DE HAMBRE

En este contexto, "muchos presos políticos con problemas de salud han considerado que no tenían más remedio que declararse en huelga de hambre para obligar a las autoridades iraníes a proporcionarles la atención médica necesaria".

Aunque éstas suelen responder al ayuno voluntario "con indiferencia", "en algunos casos han acabado concediendo al preso un breve permiso médico", si bien luego lo han obligado a interrumpir su tratamiento, haciéndole volver a prisión al poco tiempo.

Sin embargo, en otros casos han tomado represalias contra los presos en huelga de hambre. Alireza Rasouli, que cumple tres años y medio de condena, fue condenado a tres años más tras ser declarado culpable de delitos contra la seguridad como "difundir propaganda contra el sistema" por medios como iniciar huelgas de hambre.

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