Alemania pide a Barroso mecanismos más fuertes para proteger el Estado de Derecho en los Estados miembros

BRUSELAS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alemania, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca han reclamado en una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, explorar opciones para promover mecanismos más fuertes para hacer cumplir el Estado de Derecho en los Estados miembros aunque no han aludido expresamente a los retrocesos democráticos concretos en Rumanía y Hungría.

"La credibilidad del proyecto europeo depende de que nosotros cumplamos los estándares que nos hemos dado", afirman los ministros de Exteriores de los cuatro países en la misiva, fechada el 6 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los cuatro países consideran de "crucial importancia que los valores fundamentales consagrados en los Tratados europeos sean protegidos vigorosamente".

"La UE debe ser extremadamente vigilante cuando estén en riesgo en cualquier parte dentro de sus fronteras. Y debe poder reaccionar rápidamente y de forma eficaz para garantizar el cumplimiento de sus principios más básicos", reclaman en su carta, en la que piden que esta cuestión se aborde como "prioridad".

Los cuatro países consideran que ni los procedimientos consagrados en los Tratados ni la Carta Europea de Derechos Fundamentales "ofrecen instrumentos suficientemente dirigidos" para garantizar su cumplimiento y por ello considera necesario "un mecanismo nuevo y más eficaz para salvaguardar los valores fundamentales en los Estados miembros".

"Tal mecanismo debe ser rápido e independiente respecto de la conveniencia política" en su opinión y proponen que la Comisión, como guardiana de los Tratados de la UE, "debe tener un mayor papel" para que pueda "abordar déficits en un país dado en una fase temprana y si le apoyan suficientes Estados miembros, pedir al país en cuestión que remedie la situación".

Con el objetivo de promover el cumplimiento de los valores fundamentales y el Estado de Derecho en los propios Estados miembros, los cuatro países defienden explorar opciones como "introducir un diálogo político estructurado" para que los Veintisiete puedan abordarlo los casos "en una tase temprana".

PROMOVER ACUERDOS VINCULANTES O SUSPENDER AYUDAS

También proponen la posibilidad de "concluir acuerdos vinculantes entre la Comisión y el Estado miembro relevante" y "como último recurso, la suspensión de financiación de la UE debe ser posible".

El mecanismo en todo caso tendría por objetivo "reforzar los valores fundamentales, a la vez que se respeta plenamente las tradiciones constitucionales nacionales". "Sería no discriminatorio y aplicable a todos los Estados miembros de la misma manera", han precisado en la misiva, en la que también defienden explorar más vías para promover el Estado de Derecho en el marco del Semestre Europeo, para coordinar las políticas económicas en los Estados miembros.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la misiva este viernes, que ha saludado como "una contribución muy interesante" y que va "muy en la misma dirección" de su pensamiento, ha explicado en rueda de prensa la portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde.

Barroso ya admitió en su discurso sobre el Estado de la Unión en septiembre de 2012 que "las amenazas para el entramado jurídico y democrático en algunos Estados miembros" pusieron de manifiesto "los límites" institucionales y reconoció la necesidad de desarrollar "un conjunto de instrumentos" más allá de "la mano suave de la persuasión política y la mano dura del artículo 7 del Tratado", ha recordado la portavoz, que ha confiado en "continuar trabajando en estas cuestiones".

El jefe del Ejecutivo comunitario defendió no obstante que la Comisión y el Parlamento Europeo asumieron "un papel decisivo" para "poner coto a estos preocupantes acontecimientos" en clara referencia a Hungría y Rumanía y dejó claro que la unión política "significa también que debemos reforzar los cimientos de nuestra Unión: respeto de nuestros valores fundamentales, Estado de Derecho y democracia". También recordó la intención de Bruselas de avanzar en la creación de una Fiscalía Europea, prevista en los Tratados.