ADIS ABEBA, 1 Dic. (Reuters/EP) -
Merera Gudina, líder de uno de los principales partidos de la oposición en Etiopía, ha sido arrestado por las autoridades del país a su regreso de una reunión con varios miembros del Parlamento Europeo en Bruselas, según ha comunicado este jueves uno de sus aliados políticos.
Gudina preside el Congreso Popular de Oromo (CPO), el partido opositor de la región de Oromiya, que ha sido el escenario de numerosas protestas contra la expropiación de terrenos por parte del Gobierno, al que acusan de estar llevando a cabo una campaña de represión en contra de la disidencia.
"Merera llegó a Adis Abeba el miércoles por la mañana desde Bruselas, donde se encontró con varios miembros del Parlamento Europeo", ha explicado Gebru Gebramariam, presidente del Congreso Federalista Oromo, un partido aliado del CPO.
"La Policía le arrestó en su casa ese mismo día por la tarde. No nos han comunicado los motivos de su arresto", ha añadido Gebru.
Un portavoz del Gobierno ha dicho que Merera había violado varias normas gubernamentales por "mantener contacto con grupos terroristas". "Debido a estas violaciones, Merera se encuentra bajo custodia y está siendo investigado por las autoridades", ha añadido.
Las autoridades etíopes declararon el estado de emergencia en respuesta a las protestas de la comunidad oromo, aplicando unas restricciones que han alarmado a numerosas ONG internacionales.
El Gobierno etíope ha acusado a varios países de armar, entrenar y financiar a los participantes en las protestas del pueblo oromo contra las expropiaciones de tierras en los alrededores de la capital, Addis Abeba.
En concreto, el portavoz gubernamental, Getachew Reda, señaló a Eritrea, que mantiene una larga disputa fronteriza con Etiopía, y a Egipto, también enfrentado a las autoridades etíopes por la gestión de las aguas del río Nilo.
Más de mil integrantes de la comunidad Oromo han muerto en las regiones de Oromia y Amhara en los últimos 11 meses, durante los que han sido objeto del acoso sistemático de las fuerzas de seguridad, según denuncian ONG como Human Rights Watch.
Las protestas comenzaron tras la publicación de un informe de HRW sobre la situación en el país, lo que a su vez provocó una respuesta violenta de la Policía.
A principios de octubre, al menos 55 personas murieron en una estampida en la región de Oromiya provocada por el lanzamiento de gas lacrimógeno y tiros al aire por parte de la Policía para reprimir una manifestación crítica con el Gobierno.
