Escepticismo por el nombramiento de Tambwe como coordinador del programa de desarme y reintegración
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de mil civiles han muerto a causa del conflicto y la violencia en el este de República Democrática del Congo (RDC) desde el 6 de mayo, cuando el presidente del país, Félix Tshisekedi, anunció la imposición del estado de excepción para dar más poderes a los militares para hacer frente a los grupos rebeldes.
El Barómetro de Seguridad de Kivu (KST), un proyecto liderado por la ONG Human Rights Watch y el Grupo de Estudio del Congo en la Universidad de Nueva York, ha constatado la muerte de alrededor de 950 civiles en Ituri y Kivu Norte desde dicha fecha, si bien el balance de fallecidos podría ser aún mayor.
La cifra de 944 víctimas mortales fue alcanzada tras la matanza de al menos 16 civiles en un ataque achacado al grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) --vinculado a Estado Islámico en África Central (ISCA)-- contra tres aldeas en el territorio de Beni, situado en Kivu Norte, escenario de un nuevo brote de ébola y uno de los más afectados por la violencia.
Beni ha sido escenario de decenas de ataques por parte de las ADF, un grupo islamista ugandés fundado en 1996 que posteriormente expandió sus operaciones al este de RDC y que es considerado como el más mortífero de los que actúan en la zona, incidentes que han dejado cientos de muertos entre la población civil y las fuerzas de seguridad.
Los ataques, que han incluido el incendio de aldeas y el secuestro de cientos de personas, hacen temer que el balance de muertos sea mucho más elevado, ya que a posteriori son hallados cadáveres en zonas boscosas de las áreas atacadas y fosas comunes.
A pesar de que las ADF tienen un peso preponderante, estas provincias cuentan con una miríada de grupos armados, entre los que destacan la milicia Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO), las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y las milicias nacionalistas mai-mai.
Esto llevó a Tshisekedi a decretar el estado de excepción en Ituri y Kivu Norte y a poner a militares como gobernadores para impulsar las operaciones de seguridad frente a la amenaza, que ha ahondado la crisis humanitaria, con graves implicaciones a niveles de Derechos Humanos.
El mandatario se mostró en junio satisfecho por los avances logrados por el Ejército y argumentó que "en algún momento tenía que llegar el turno de la fuerza", si bien reconoció que es necesario tiempo para acabar con la presencia de estos grupos armados, algunos de los cuales están muy arraigados en el país.
Sin embargo, residentes y miembros de la sociedad civil han denunciado en numerosas ocasiones que vastos territorios siguen sin contar con la protección necesaria, lo que permite a grupos de milicianos llevar a cabo asaltos relámpago que causan estragos entre la población.
Reagan el Miviri, analista del KST, y Pierre Boisselet, coordinador del organismo, han sostenido en un artículo que la solución militar "aún no ha logrado los resultados esperados" y han recalcado que "en ocasiones, ha empeorado la situación", como en la ofensiva lanzada en octubre de 2019 contra las ADF, que se vio seguida por una oleada de ataques que dejó un número de civiles muertos sin precedentes desde 2014 y 2015.
El Miviri y Boisselet han explicado que las ADF han "girado su esfera de acción" hacia los territorios de Irumu y Mambasa", en la provincia de Ituri, e incluso han achacado a las Fuerzas Armadas y la Policía la muerte de 65 civiles, al tiempo que han apuntado a las críticas por parte de diversos sectores políticos respecto a la utilidad del estado de excepción.
Mientras que el estado de excepción --que supone un trasvase de competencias de las autoridades civiles a los militares-- fue aprobado con una mayoría aplastante, las últimas votaciones en el Parlamento para su prórroga han contado con una creciente oposición e incluso el boicot de decenas de legisladores.
TRABAJOS PARA LA DESMOVILIZACIÓN
La decisión sobre el estado de excepción llegó al hilo del anuncio de Tshisekedi en 2020 para impulsar un programa de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), así como la puesta en marcha de contactos con milicianos que quisieran entregar las armas.
Así, en agosto nombró a Emmanuel Tommy Tambwe como coordinador nacional del programa de Desarme, Desmovilización, Reintegración Comunitaria y Estabilización (DDRCS), después de que una iniciativa similar fracasara en 2015 sin llegar siquiera a ponerse en marcha a pesar de los llamamientos por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Las autoridades han iniciado contactos con una serie de grupos armados, lo que ha derivado en la rendición de decenas de milicianos que han aceptado su reintegración, si bien sin que las cúpulas de estas formaciones hayan sufrido bajas relevantes, por lo que su capacidad operativa no se ha visto afectada.
De hecho, El Miviri y Boisselet han dicho en su artículo que "muchos" de los que se rindieron han vuelto a tomar las armas, al tiempo que han apuntado al escepticismo en torno a la figura de Tambwe, quien fue un alto cargo de la Agrupación Congoleña para la Democracia (RCD) y la Alianza para la Liberación del Este de Congo (ALEC), dos grupos rebeldes apoyados por Ruanda.
Denis Mukwege, ganador del Premio Nobel de la Paz, mostró su "cautela" respecto al nombramiento y apostó por "romper con las políticas cuyo objetivo es promover a los que deben ser llevados ante la Justicia", mientras que HRW dijo que la designación de Tambwe generaba "graves preocupaciones".
Asimismo, algunos grupos armados han expresado su rechazo al nombramiento, unas críticas a las que se han sumado organizaciones civiles como Solidaridad de Jóvenes Fuliiru (SOJEF) y el Comité de Coordinación de Sociedades Mutuas Banyamulenge, lo que amenaza con dar al traste con el programa.
Pese a ello, la subsecretaria de la ONU para África en el Departamento de Política y Asuntos de Construcción de Paz, Martha Ama Akyaa Pobee, ensalzó recientemente los esfuerzos en el programa de DDRCS, al tiempo que expresó su alarma por el "deterioro de la situación de los Derechos Humanos" y la "gran carga" sobre los civiles, particularmente sobre mujeres y niños.
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
El conflicto se ve potenciado por la explotación de recursos naturales por parte de los grupos armados, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a reclamar esta semana coordinar esfuerzos par "reducir las redes económicas" de estas formaciones y evitar la explotación de mujeres y niños en la explotación de estos recursos.
El texto aprobado por el organismo subraya que "no hay una solución militar" a la amenaza que suponen estos grupos y apuesta por una postura "integrada y regional" por parte de los países que integran la región de los Grandes Lagos, con apoyo por parte de la ONU y la Misión de Estabilización de la ONU en RDC (MONUSCO).
Concretamente, condena la explotación ilícita y el comercio de recursos naturales por parte de grupos armados y redes criminales en el este de RDC, particularmente los "minerales de conflicto", entre los que se encuentran el estaño, el tántalo, el oro y los diamantes, así como el cacao, la madera y la fauna salvaje.
Por ello, condenó el impacto negativo del conflicto en las áreas naturales, lo que "socava una paz duradera y el desarrollo" en la región de los Grandes Lagos, por lo que amenazó con sanciones por parte de la ONU, si bien en el pasado no se han demostrado efectivas para contener las operaciones de estos grupos.
Joao Samuel Caholo, secretario general de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos, explicó recientemente ante la ONU que las misiones de pacificación tienen un "papel fundamental" a la hora de hacer frente a este problema y pidió que participaran en los esfuerzos de seguridad contra grupos rebeldes y milicias.
