SÍDNEY, 21 Nov. (Reuters/EP) -
El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha asegurado este miércoles que Australia no firmará un acuerdo de migración de Naciones Unidas porque comprometería su política de inmigración de línea dura y pondría en peligro la seguridad nacional.
Australia se une a Estados Unidos, Israel y varios países de Europa del este al rechazar el Pacto Mundial para las Migraciones de la ONU, que les pide a los países que no detengan arbitrariamente a los posibles migrantes y que utilicen la detención como último recurso.
Morrison ha señalado que eso pondría en peligro la seguridad nacional. "El pacto mundial sobre la migración pondría en peligro el interés de Australia", ha afirmado Morrison a la emisora 2GB Radio. "No distingue entre los que entran de forma ilegal en Australia y los que vienen de forma correcta", ha aseverado.
Bajo la dura política de inmigración de Canberra, que cuenta con apoyo bipartidista, los solicitantes de asilo que llegan en barco se les dice que nunca se les permitirá instalarse en Australia.
Luego son trasladados a dos centros de detención en islas del Pacífico Sur hasta que otro país les acepte o acepten regresar a su país. Los centros han sido ampliamente criticados por la ONU y grupos de Derechos Humanos.
"Australia es un caso de libro de texto sobre cómo no tratar las llegadas de embarcaciones, al enviarlas a la costa para que soporten condiciones pésimas durante años e intentar eludir sus responsabilidades internacionales en países menos desarrollados", ha afirmado Elaine Pearson, directora de Human Rights Watch (HRW) para Australia.
El rechazo de Australia al pacto de la ONU es la última medida para restringir la migración a través de una serie de políticas que probablemente formarán un elemento central de la candidatura de Morrison para la reelección en un voto nacional que debe celebrarse en mayo de 2019.
Las encuestas de opinión indican que su Gobierno conservador está cerca de una derrota aplastante.
El Gobierno de Morrison dijo en octubre que restringiría a los nuevos inmigrantes de vivir en las ciudades más grandes de Australia, Sídney, Melbourne y Brisbane, por hasta cinco años.
El gobernador del banco central de Australia aseguró en agosto que la afluencia de nuevos residentes había ayudado a sostener un fuerte crecimiento económico.
