El BCHR expresa su preocupación por el "incremento de la represión" de cara a las protestas del miércoles

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR) ha expresado este martes su "gran preocupación" a causa de lo que ha descrito como "un incremento de la represión" por parte de las autoridades de forma previa a la celebración este miércoles de manifestaciones antigubernamentales convocadas por el movimiento Tamarod ('Rebélate').

"Desde que las protestas fueron convocadas hace casi un mes y medio, se ha documentado un incremento de las violaciones cometidas por parte de las autoridades, desde la aprobación de nuevas medidas represivas hasta el incremento de los arrestos arbitrarios y violentos o las redadas", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que las fuerzas de seguridad han rodeado algunas localidades con "bloques de cemento y alambre de espino" con el objetivo de "controlar el movimiento (de la población) y evitar que los manifestantes lleguen a las carreteras principales".

"Los residentes de estas áreas se ven forzados a atravesar puestos de control policiales cuando tienen que entrar o salir de zonas residenciales, quedando expuestos a la amenaza de ser detenidos en caso de que se sospeche que podrían participar en las manifestaciones", ha añadido el grupo.

El BCHR ha destacado que ha documentado también un incremento de la presencia de fuerzas de seguridad en el Complejo Médico Salmaniya, el único hospital del país que funciona a pleno rendimiento, y la instalación de cámaras en la puerta de entrada para grabar las matrículas de los vehículos que entran al recinto.

"Esto supone una amenaza para todos los que busquen ser atendidos por los médicos en caso de resultar heridos durante su participación en las manifestaciones pacíficas, así como para las personas que les trasladen al hospital", ha recalcado.

Por ello, ha solicitado a la comunidad internacional que presione al Gobierno para garantizar que se respetan sus derechos fundamentales. "La represión de las protestas pacíficas sólo deteriorará la situación de los Derechos Humanos en el país", ha remachado.

Las denuncias del BCHR han llegado apenas un día después de que el primer ministro, Jalifa bin Salman al Jalifa, asegurara que las autoridades harán frente a las manifestaciones convocadas por Tamarod "con las medidas más severas" en el marco de lo que describió como parte de la lucha antiterrorista en el país.

"El Gobierno está en una fase crítica para eliminar el terrorismo a través de su programa integrado para combatir la violencia y castigar a los responsables y a los instigadores, así como a los que dan legitimidad y cobertura política a los actos de terrorismo", dijo.

En este sentido, manifestó que el Gobierno aplicará las medidas aprobadas por el Parlamento para hacer frente a estas situaciones. Dichas medidas están destinadas a elevar los castigos contra los participantes en manifestaciones o en actos de oposición al Gobierno.

CRÍTICAS INTERNACIONALES

La aprobación de dichas medidas por parte del Parlamento ha provocado una oleada de críticas al país por parte de Naciones Unidas y diversas ONG nacionales e internacionales.

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) mostró su preocupación argumentando que dichas medidas suponen un recorte de los derechos fundamentales de la población.

"Solicitamos al Gobierno de Bahréin que cumpla totalmente con sus compromisos con los Derechos Humanos, incluyendo el respeto a la libertad de expresión, manifestación y asamblea, y pedimos a todos los manifestantes que ejerzan estos derechos de forma pacífica", dijo la portavoz del organismo, Cécile Pouilly.

La organización Human Rights Watch (HRW) criticó la decisión y sostuvo que la misma "dará excesivos poderes a las autoridades para actuar de forma arbitraria para restringir libertades como la de reunión y expresión".

"Bahréin se ha pasado los últimos dos años aplastando protestas pacíficas y violando los derechos de la población", dijo el subdirector de la organización para Oriente Próximo, Nadim Houri.

"Ahora planea un nuevo paquete de medidas draconianas, creando de forma efectiva un nuevo estado de emergencia, a pesar de que los manifestantes pacíficos que encabezaron las últimas protestas están en la cárcel cumpliendo largas penas de prisión", agregó.

En este sentido, criticó al Gobierno "por hablar mucho de la necesidad de una reconciliación nacional mientras sus acciones siguen yendo dirigidas a suprimir las protestas legítimas y a minar toda posibilidad de que el diálogo sea exitoso".

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) advirtió poco después de que la adopción de las medidas propuestas por el Parlamento provocará nuevas violaciones de las obligaciones internacionales del país con los Derechos Humanos.

Así, expresó su temor de que minen las libertades de expresión, reunión y asociación. En este sentido, criticó una vez más la legislación antiterrorista del país y acusó al Gobierno de utilizar su ambigüedad para reprimir las protestas contra su mandato.

A las críticas se unió el Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), que describió al Parlamento como "una herramienta utilizada por el Gobierno contra los ciudadanos" y condenó "la campaña de acoso lanzada por el Ejecutivo contra el derecho de manifestación de la población".

Así, señaló que es "incluso más preocupante el uso del Parlamento, que se supone que representa al pueblo, para activar leyes que violan sus derechos fundamentales".

"La sesión especial (del Parlamento) no trató sobre la introducción de nuevos castigos: éstos han sido puestos en práctica anteriormente. Se trataba de presentar estas medidas bajo un nuevo título y una nueva cara", valoró la presidenta en funciones del organismo, Mariam al Jawaja.

CONTEXTO POLÍTICO

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, HRW o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición, que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para responder a las demandas de la población".

El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.