LONDRES, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la Junta Militar birmana sigue practicando detenciones contra activistas políticos, a pesar del compromiso formulado por el Gobierno militar al representante especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari. Entre los detenidos se cuentan el presidente de la Alianza Panbirmana de Monjes y el líder de las manifestaciones de septiembre, U Gambiya.
"Dos meses después de la violenta represión de las manifestaciones pacíficas, las detenciones arbitrarias continúan imparables", lamentó la directora del Programa para Asia y Oceanía, Catherine Baber, que consideró estas operaciones "como parte de la supresión sistemática de la libertad de expresión y asociación que, en contra de sus afirmaciones sobre el retorno a la normalidad, está llevando a cabo el Gobierno".
"Para el Gobierno militar, la palabra 'normalidad' puede significar el regreso a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos lejos de la atención de los medios de comunicación, pero la comunidad internacional no debe seguir tolerando esta situación", añadió Baber.
En su informe publicado hoy, el grupo humanitario denuncia que el líder de las manifestaciones de septiembre, U Gambira, ha sido detenido y acusado de traición. El texto añade que dos de los familiares del monje también permanecen recluídos. AI también informa de que otros detenidos son Su Nway, miembro de la rama juvenil del principal partido de oposición, junto con su camarada Bo Bo Win Hlaing, el también monje U Than Rama, un miembro de la Liga Nacional para la Democracia, Myint Naing, y dirigentes de grupos étnicos minoritarios como U Tin Oh, Cin Sian Thang, U Aye Thar Aung o Naing Ngwe Thein.
Amnistía Internacional "siente una profunda decepción por el hecho de que continúen estas detenciones pese a las promesas gubernamentales en sentido contrario".
El grupo afirma que, hasta el momento, hasta 700 personas detenidas durante las protestas de septiembre y después de ellas permanecen recluídas, y tampoco se ha puesto en libertad a 1.150 presos y presas políticos detenidos antes de las protestas.
Así, Amnistía Internacional pide urgentemente al gobierno de Myanmar que "ponga en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación", y le pide asimismo "que no realice nuevas detenciones".
