MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de la Oficina del Consejero Estatal de Birmania, Kyaw Tint Swe, ha asegurado que las autoridades del país van a "acelerar la repatriación" de aquellos refugiados rohingyas que sean considerados como "retornados verificados".
Tint Swe ha sostenido ante la 74 Asamblea General de Naciones Unidas que Birmania "comparte totalmente la preocupación de la comunidad internacional en torno a la violencia que afecta a las comunidades en Rajine" y ha destacado que Naypidó "coopera" con Bangladesh y otros actores internacional para concretar el proceso de retornos.
"Birmania es consciente de los muchos obstáculos, incluidos los movimientos destructivos en los campamentos (de refugiados en Bangladesh) destinados a evitar la repatriación y explotar la mala situación de los desplazados", ha dicho.
Así, ha manifestado que "para una repatriación exitosa y exenta de problemas son necesarios una verdadera voluntad política y esfuerzos comprometidos, así como un cumplimiento estricto de los acuerdos firmados".
"Las personas desplazadas que están ahora en (campamentos de la ciudad bangladeshí de) Cox's Bazar y que fueron residentes en Rajine tienen un estatus legal diferente. Estamos dispuestos a repatriarles según el acuerdo bilateral firmado entre Birmania y Bangladesh", ha apuntado.
En este sentido, ha argumentado que "el acuerdo pide la emisión de tarjetas de identidad para los retornados" y que "los que sean elegibles para nacionalidad bajo la Ley de Ciudadanía de Birmania recibirán tarjetas de ciudadanía".
"El resto recibirá Tarjetas de Verificación Nacional, que son similares a las 'tarjetas verdes' --una tarjeta de residencia permanente--, muy solicitadas por inmigrantes en Estados Unidos", ha detallado.
Tint Swe ha dicho además que las autoridades del país consideran que "los problemas entre vecinos pueden y deben ser resueltos de forma bilateral y de forma amistosa", al tiempo que ha asegurado que 300 refugiados han vuelto ya a Birmania "por su propia voluntad" y "han retomado sus vidas en seguridad y dignidad".
"Pedimos a Bangladesh que cumpla fielmente el acuerdo bilateral, que es la única vía factible para resolver el asunto de las personas desplazadas", ha señalado, antes de pedir a Daca que "permita la rápida repatriación de los que han expresado desde hace mucho su deseo de volver, incluidos cerca de 400 de fe hindú".
La primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, señaló el viernes ante este mismo foro internacional que la situación derivada de la crisis de los rohingyas es "insostenible" y ha advertido de que "se está convirtiendo en una amenaza regional".
"Pediría a la comunidad internacional que entienda la insostenibilidad de la situación. La crisis va ahora más allá de los campamentos (de refugiados)", dijo Hasina, quien incidió en que "el aumento de la congestión y la degradación medioambiental está poniendo en peligro la sanidad y la seguridad en la zona".
EL TPI "NO TIENE JURDISDICCIÓN" PARA INVESTIGAR
Por otra parte, Tint Swe ha reiterado que Birmania no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar las denuncias sobre crímenes de guerra y contra la Humanidad por parte del Ejército contra los rohingyas.
"Birmania no se opone a la rendición de cuentas por cualquier error relacionado con el gran flujo de personas desplazadas a Bangladesh", ha sostenido Tint Swe, quien ha incidido en que las autoridades ya han abierto investigaciones.
Una investigación previa en 2017 exoneró a los militares de toda responsabilidad, pero la presión internacional sobre los líderes birmanos ha ido en aumento desde que el TPI abriera una investigación preliminar cuyos resultados están pendientes de publicación.
"La integridad de estas investigaciones independientes no debe ser puesta en duda por actores internacionales", ha señalado Tnt Swe, antes de hacer hincapié en que las peticiones de la fiscal especial del TPI, Fatou Bensouda, no son aceptadas por Naypidó.
En esta línea, ha recordado que Birmania "no es parte del Estatuto de Roma" y ha añadido que "el tribunal no tiene jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos en el país". "Nuestra posición está muy clara", ha zanjado.
Se trata de un caso complicado porque Bangladesh, país vecino al que huyeron más de 700.000 rohingyas por la ola de violencia de agosto de 2017 en el estado birmano de Rajine, forma parte del TPI. Birmania, en cambio, no ha firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional, por lo que la corte de La Haya carece de jurisdicción.
Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.
La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a advertir sobre una posible "limpieza étnica".
