Actualizado 30/05/2007 21:22 CET

Bolivia.- Los magistrados del TC alegan que el Congreso no tiene facultad para juzgarlos ni ordenar su detención

LA PAZ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a quienes les dictaron orden de captura alegaron hoy que el Congreso boliviano no tiene la facultad para juzgarlos ni para ordenar su detención, y pidieron que sea un tribunal competente el que se haga cargo de este caso.

El Comité del ministerio Público dependiente de la Comisión Constitución de la Cámara de Diputados emitió ayer una orden de detención en contra de cuatro miembros del TC por no haberse presentado a declarar en un juicio de responsabilidades que formuló el Gobierno de Evo Morales en su contra.

Los magistrados Elizabeth Iñiguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez, Artemio Arias Romano y Walter Raña Arana se presentaron hoy en la audiencia de este Comité parlamentario y se acogieron al derecho constitucional de no responder a las preguntas de los legisladores que investigan la denuncia presentada por el mandatario boliviano.

Walter Raña insistió que no es competencia del Congreso establecer juicios por delitos penales y aclaró que sobre este tema existe un "vacío político" porque no existe una ley expresa para procesar a los miembros del TC, reseñó la emisora 'Erbol'.

"Mientras no se resuelva el recurso de excepción, no reconocemos la competencia del Congreso para juzgarnos y no podemos ser convocados por ninguna comisión o comité mientras no sea resuelto este tema ni responder ninguna pregunta", destacó.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, afirmó que los cuatro magistrados del TC fueron a hacer un "show" a la ciudad de La Paz. "No son dioses y deben ser sometidos a procesos como cualquier otro ciudadano como los establece la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes en el país", declaró.

El Comité del Congreso investiga la denuncian presentada por Morales en contra de los magistrados del TC por fallos contrarios a la ley y por cesar a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).