LA PAZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia boliviana autorizó esta semana la petición de extradición a Estados Unidos y la detención preventiva del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, para que sea juzgado en el país junto a dos de sus ex ministros por el delito de genocidio.
Cuando casi se cumplen cuatro años de la muerte de 67 personas en las represiones policiales a una serie de protestas sociales que acabaron con la dimisión de Sánchez de Lozada, muchos de los 400 heridos, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y el abogado de los familiares de las víctimas, Rogelio Mayta, expresaron su esperanza de que este caso no permanezca impune.
Según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI), la Sala Penal Primera de la Corte Suprema determinó dar curso a la petición de de extradición vía cooperación judicial internacional. Para ello, se debe expedir la petición dirigido al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, vía diplomática. Esta resolución permitirá a las instituciones que promueven el juicio de responsabilidades luchar por la extradición de Sánchez de Lozada, que reside en Maryland; el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, en Miami; y el de Hidrocarburos Jorge Berindoague, que vive en California, todos en Estados Unidos. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Central Obrera Boliviana (COB), el Defensor del Pueblo y la asociación de familiares han pedido ahora al Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fiscalía General de la República que aceleren el trámite de extradición.
Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, exhortó ayer a la justicia de Estado Unidos a cumplir con el Tratado de Extradición suscrito entre ambos países y dar curso a la solicitud de extradición del ex presidente y sus ex ministro.
Según indico ABI, Morales señaló que no es posible que se prorrogue un proceso por tanto tiempo y, por ello, Sánchez de Lozada deberá defenderse ante la Justicia boliviana sobre las acusaciones que pesan en su contra por la violación de los Derechos Humanos y la represión que ordenó en octubre de 2003.
"Es importante que la comunidad internacional, y especialmente el Gobierno de Estado Unidos, respeten las normas y dé el mejor ejemplo castigando a los delincuentes", resaltó el presidente.
