SOFIA, 6 Dic. (EP/AP) -
Los diputados búlgaros adoptaron hoy la largo tiempo aplazada ley para la apertura de los archivos de los antiguos servicios secretos de la era comunista, pero aprobó también que una pequeña porción de los mismos se mantenga en secreto "por razones de seguridad nacional".
La nueva ley, aprobada más de 17 años después de la caída del régimen comunista, requiere la publicación de todos los archivos que identifican a personalidades públicas --políticos, altos cargos, magistrados, religiosos y periodistas-- como antiguos agentes secretos comunistas.
La normativa no incluye sanciones para antiguos agentes como privarles de su cargo público, sino que se limita a hacer público su pasado. En una controvertida enmienda al borrador inicial, sin embargo, los diputados prohibieron la publicación de documentos que "podrían dañar los intereses de Bulgaria en sus relaciones internacionales o lleve a un serio peligro para la vida de alguien".
La enmienda, que busca proteger a las personas que todavía trabajan activamente en el espionaje, se introdujo "bajo presión", admitieron los diputados. "Esta seria presión (...) se produjo precisamente desde los servicios de inteligencia exterior", denunció el diputado Nikolai Svinarov, de la coalición gobernante.
Sin embargo, insistió en que la excepción afecta "sólo a unas decenas de personas" y era necesaria para proteger la seguridad nacional.
La enmienda provocó protestas por grupos de la sociedad civil ante el edificio del Parlamento. "Esto lleva a un enclave cerrado en los archivos, que contiene la información sobre la actual clase política", lamentó Georgi Lozanov, director de la iniciativa civil Voces Limpias, que reclamaba la completar desclasificación de los archivos comunistas.
El resto de los archivos de la antiguamente todopoderosa Seguridad del Estado, así como los de los servicios de inteligencia militar, serán desclasificados y estarán accesibles bajo petición. La ley deberá ser firmada y promulgada por el presidente, Georgi Parvanov, para entrar en vigor.
Asimismo, se deberá designar a un equipo de nueve miembros a cargo del procedimiento de desclasificación y para controlar los archivos que seguirán siendo secretos. Sus miembros serán elegidos por el Parlamento para un mandato de cinco años, pero no está claro cuándo comenzará a funcionar el primer equipo..
