NUEVA YORK, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los delincuentes menores de edad burundeses se enfrentan a "graves abusos" a causa de un sistema de justicia penal "que los trata como adultos", según denunció la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) en un informe hecho público hoy.
"Los niños son a veces torturados para arrancarles confesiones y en la mayoría de ellos no tiene acceso a asistencia o a representación jurídica", denunció la consejera principal de la división de África de Human Rights Watch, Alison Des Forges. "Durante meses, incluso años, los niños permanecen en la cárcel junto a adultos en calabozos superpoblados y en condiciones deplorables, a la espera de su proceso", añadió.
El informe, de 64 páginas y titulado 'Un pesado fardo que cargar: las violaciones de los derechos de los niños detenidos en Burundi', expone numerosos tipos de violaciones de Derechos Humanos cuyas víctimas son menores de edad encarcelados, ya sea en prisión preventiva o firme.
Tras entrevistar a más de cien niños, así como a fiscales y a trabajadores penintenciarios, el informe describe con detalle casos de violencia física y sexual cometidas contra los niños por otros presos y de falta de nutrición, malas condiciones sanitarias y ausencia de programas de educación en las prisiones. Los investigadores realizaron visitas a diez de las once cárceles de Burundi.
A finales de 2006, según HRW, más de 400 niños de entre 13 y 18 años de edad se encontraban en prisión en Burundi y otros tantos estaban recluidos en calabozos comunales o en cuarteles de policía.
SISTEMA JUDICIAL
El informe revela que Burundi no dispone de un sistema judicial específico para menores de edad. La actual legislación fija en 13 años la edad mínima para la responsabilidad penal. Los adolescentes de entre 13 y 18 años declarados culpables de un delito no disfrutan de ninguna reducción de pena y reciben las mismas condenas que los adultos por los mismos delitos. En la actualidad no existe ninguna alternativa al encarcelamiento de menores ni se ha establecido ningún servicio de atención a estos jóvenes tras su excarcelación.
El Parlamento burundés estudia en la actualidad varios proyectos de enmienda del derecho penal que, en caso de ser aprobados, financiados y aplicados, mejorarían la situación de los jóvenes delincuentes, ya que elevarían la edad penal a 15 años y crearían alternativas al encarcelamiento.
"El Parlamento burundés debería modificar el derecho penal a fin de mejorar la protección de los derechos de los niños", advirtió Des Forges. "Los países donantes de fondos deberían aportar su apoyo para que estas reformas sean puestas en marcha de forma que los niños no sean tratados como adultos por los sistemas judicial o carcelario de Burundi", añadió.
