CRAWFORD (TEXAS, EEUU), 28 Dic. (EP/AP) -
El presidente estadounidense, George W. Bush, vetará la ley de política de Defensa porque, según la Casa Blanca, supondría un descarrilamiento de los esfuerzos de Irak para reconstruir su país. La decisión de Bush, que aparentemente ha cogido por sorpresa a los líderes demócratas del Congreso, está justificada, según el gabinete de la Presidencia, en una partida que tiene que ver con Irak.
Esta ley permitiría a un demandante congelar de inmediato el presupuesto destinado para Irak, por lo que expondría al país a una "responsabilidad jurídica masiva por demandas sobre decisiones adoptadas por el régimen de Sadam Huseín", según explicó un portavoz de la Casa Blanca, Scott Stanzel.
"El nuevo gobierno democrático de Irak no puede permitir durante su periodo clave de reconstrucción que su financiación dependa de tales demandas presentadas en Estados Unidos", indicó Stanzel.
Los congresistas del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado argumentaron que no han tenido ninguna noticia sobre las preocupaciones de la Casa Blanca hasta después de haber sido aprobada la ley y remitida a la Presidencia para su promulgación.
"La administración debería haber mostrado antes sus objeciones, cuando la cuestión podría haberse solventado sin un veto", indicaron la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el portavoz de los demócratas en el Senado, Harry Reid, en un comunicado conjunto.
"El pueblo americano tendrá todo el derecho a sentirse decepcionado si el presidente veta esta ley y retrasa innecesariamente la subida del salario de las tropas, la Ley de Guerreros Heridos y otras medidas cruciales", agrega el texto conjunto publicado por Pelosi y Reid.
Normalmente los Estados soberanos son inmunes a las demandas presentadas ante la justicia estadounidense, pero los Estados que patrocinan el terrorismo no, e Irak lo es desde 1990. Sin embargo, tras la invasión del país árabe, en 2003, el Congreso aprobó una ley y Bush un decreto en los que se exime a Irak de estas demandas.
Tras la aprobación de estas normas la administración apeló y consiguió batir una sentencia judicial por 959 millones de dólares fruto de una demanda de militares estadounidenses que aseguraron haber sido torturados como prisioneros de guerra durante la Primera Guerra del Golfo.
El Departamento de Justicia también pretende que no salga adelante una demanda presentada por estadounidenses que fueron hechos prisioneros durante la invasión de Kuwait, en 1990. El caso está en el Tribunal Federal de Washington y en él participan abogados que representan al actual Gobierno iraquí.
La partida presupuestaria aprobada por el Congreso permitiría a las víctimas del régimen baazista pedir una compensación al actual Gobierno iraquí ante un tribunal, según los demócratas. Además, el propio Gobierno iraquí ha sido alertado de que tales demandas podrían afectar a los 25.000 millones de dólares que tiene el ejecutivo de Bagdad en cuentas estadounidenses.
El Gobierno ha amenazado con retirar todo su dinero de Estados Unidos a menos que Bush vete la legislación, indicaron fuentes demócratas, un argumento utilizado también por la Casa Blanca para defender el veto.
