PEKÍN, 27 Dic. (Reuters/EP) -
El Parlamento chino ha aprobado este domingo una nueva ley antiterrorista que obliga a las empresas de tecnología a entregar al Gobierno sus claves de encriptación, restringe a los medios a la hora de informar sobre atentados terroristas y permite al Ejército intervenir en operaciones antiterroristas fuera de las fronteras del país.
Esto no afectará a las operaciones habituales de las empresas de tecnología, según ha declarado Li Shouwei, subdirector de la división de leyes criminales del Comité de Asuntos Legislativos del Parlamento, que no tienen que temer la posible instalación de 'puertas traseras' o una potencial pérdida de derechos de propiedad intelectual.
Li ha señalado además que China se ha limitado a hacer lo que otras naciones occidentales ya llevan a cabo cuando piden ayuda a las empresas de este sector para combatir el terrorismo.
"La norma está en concordancia con lo que se necesita para combatir el terrorismo y es básicamente la misma normativa que existe en otros países importantes", ha declarado Li.
Además, la nueva ley restringe el derecho de los medios a informar acerca de los pormenores de los atentados terroristas, una medida en la que se incluye una cláusula que indica que ni los medios ni las redes sociales pueden revelar detalles de actividades terroristas que pudieran llevar a posibles imitaciones ni mostrar escenas que sean consideradas como "crueles e inhumanas".
Asimismo, la nueva normativa permite que el Ejército chino participe en operaciones antiterroristas fuera de sus fronteras. Algo que, según los analistas, presentaría graves dificultades técnicas y diplomáticas si alguna vez se quisiera poner en práctica.
ACABAR CON EL TERRORISMO
Las autoridades chinas han afirmado que el país se enfrenta a una amenaza cada vez mayor de movimientos insurgentes y separatistas, especialmente en la región occidental de Xinjiang, donde la violencia ha dejado cientos de muertes durante los últimos años.
En este sentido, el director de la división antiterrorista del Ministerio de Seguridad Pública, An Weixing, ha declarado que China se enfrenta a serias amenazas terroristas, especialmente por parte de las fuerzas del Turkestán Oriental, nombre genérico con el que el Gobierno chino designa a los grupos islamistas separatistas que supuestamente operan en Xinjiang.
"El terrorismo es el enemigo público número uno de la humanidad y el Gobierno chino se opondrá a todas las formas que éste pueda tomar", ha sentenciado An.
De manera adicional, la normativa de seguridad nacional de China, adoptada en julio, exige que toda infraestructura que resulte clave en la red así como todos los sistemas de información presentes en ella sean "seguros y controlables".
En este sentido, la legislación ha generado una fuerte preocupación en Occidente, no sólo porque se temen potenciales violaciones de los Derechos Humanos, como el de libertad de expresión, sino también por las condiciones que impone sobre la red.
Además, varias plataformas proderechos dudan de la existencia de un grupo insurgente cohesionado en Xianjiang y apuntan a que la causa del malestar en la región nace del rechazo de los musulmanes uighures a las restricciones aplicadas contra su religión y cultura.
Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha declarado que ha trasladado su preocupación acerca de estas leyes directamente al presidente chino, Xi Jinping.
Así, en Washington se han alzado voces que señalan que esta nueva normativa, combinada con los borradores de ley sobre banca y seguros y la gran cantidad de investigaciones antimonopolio recientes, significa un aumento de la presión regulatoria sobre las empresas extranjeras.
