ANKARA, 16 Abr. (Reuters/EP) -
Tanto el Partido Republicano del Pueblo (CHP) como el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) han cuestionado la legalidad del referéndum constitucional celebrado este domingo en Turquía, en el que se ha aprobado por un estrecho margen la reforma constitucional que establece un sistema político presidencialista.
Este mismo domingo, tras conocerse los resultados del referéndum se han producido protestas espontáneas y caceroladas en varios barrios de Estambul.
El líder del CHP, Kemal Kilicdaroglu, ha denunciado la decisión de la Comisión Superior Electoral (YSK) de aceptar los votos sin sello como válidos a menos que se demuestre que son fraudulentos después de recibir numerosas quejas sobre trabajadores de la propia YSK que no habían sellado las papeletas.
Parea Kilicdaroglu, esta decisión es "controvertida" y ha advertido de que podría suponer que los partidarios del 'Sí' han ido "más allá de las fronteras de la ley".
Anteriormente, otros dirigentes del CHP han anunciado que pedirán un recuento de hasta el 60 por ciento de los votos por irregularidades. En ese sentido, varias fuentes han denunciado que mientras la agencia de noticias estatal Anatolia informaba ya de un recuento con el 90 por ciento de las urnas, la Comisión Superior Electoral (YSK), responsable del recuento, daba información correspondiente al 60 por ciento.
Mientras, desde el prokurdo HDP han subrayado que los resultados del referéndum no serán definitivos hasta que se resuelva un recurso que tienen intención de presentar ante la YSK sobre las irregularidades detectadas.
"El resultado del referéndum es un signo evidente de que no se puede lograr un acuerdo social. Con nuestros copresidentes en la cárcel y el referéndum, celebrado bajo el estado de emergencia y otras medidas opresivas, se ciernes sombras sobre la legitimidad de la votación", ha apuntado un portavoz del HDP, Osman Baydemir, en declaraciones a la prensa.
Los copresidentes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag fueron detenidos en noviembre de 2016 en virtud de la legislación antiterrorista y por su presunta relación con el grupo armado separatista kurdo Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
