MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Defensa "no tiene constancia" de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) haya utilizado las bases militares de Morón de la Frontera y de Rota para presuntos vuelos con detenidos hacia cárceles secretas.
En una respuesta parlamentaria a Gaspar Llamazares (IU-ICV) a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo se limita a decir que "no tiene constancia" del uso de estas bases para los hechos a los que se refería el coordinador general de IU.
El presidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, presentó esta semana en Madrid el estudio 'Perspectivas de futuro del Convenio de Defensa España-Estados Unidos', un documento elaborado por la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero, que aboga por revisar este tratado bilateral y, entre otras cuestiones, modificar el sistema de autorización de operaciones militares estadounidenses en bases españolas y adaptarlo a lo estipulado en la Ley de Defensa Nacional.
Sartorius destacó que este informe incide en la importancia de abrir un tiempo de reflexión sobre la necesidad de revisar el convenio, que finalizará en 2011, un aspecto que, a su juicio, ya fue apuntado por "voces autorizadas" españolas, en referencia al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Félix Sanz Roldán.
El documento de trabajo subraya que "resulta incoherente" que el Gobierno español "consienta" que Estados Unidos utilice su territorio para realizar misiones que sus propias Fuerzas Armadas no están autorizadas a desarrollar "por entrar en contradicción con la Ley de Defensa Nacional".
Sartorius hizo especial hincapié en que hay que "poner en consonancia" la política de Defensa desarrollada por el actual Gobierno y el tratado bilateral puesto que el Ejecutivo ha promovido una Ley, la de Defensa Nacional, que impide el envío de misiones no amparadas por la legalidad internacional y, sin embargo, permite el uso de las bases españoles para operaciones estadounidenses que no cumplen esos criterios.
INFORME DE AI
Por otro lado, la organización de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) publicó el pasado martes un nuevo informe sobre vuelos realizados en secreto por la CIA en el que reveló cuatro nuevas escalas de estos aviones en España, concretamente en los aeropuertos de Barcelona y Málaga, aunque no mencionó eventuales casos en Morón y Rota.
En este sentido, el avión de matrícula N85VM hizo escala en el aeropuerto de Barcelona el 28 de enero de 2004. Este avión fue el mismo que, el 12 de abril de 2004, hizo una escala de entre 60 y 90 minutos en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos para cubrir el trayecto de la base de Guantánamo (Cuba) a Bucarest. Este es el único vuelo que los diputados españoles consideraron preocupante cuando, el pasado 24 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, acudió al Congreso para facilitar la información de la que disponía el Gobierno.
Pero además, el informe de AI desvela que en el mismo aeropuerto de Barcelona hizo escala, el 30 de octubre de 2002, el avión de matrícula N829MG. En Málaga, el avión N259SK que hizo escala al menos el 14 y el 17 de mayo de 2005. Este avión, siempre según el informe, ha realizado más de un centenar de vuelos a la bahía de Guantánamo.
Este es el primer documento que incluye al de Málaga entre los aeropuertos donde se registraron escalas de aviones de la CIA. El informe 'Fuera del radar: Vuelos secretos a la tortura y la desaparición' se basa en registros de vuelo que muestran que desde 2001 en al menos 25 ocasiones se ha producido el paso y aterrizaje de aviones de la CIA por territorio español.
Concretamente, en 14 ocasiones los aviones aterrizaron en Palma de Mallorca; en 7 ocasiones en Tenerife (5 en el aeropuerto Santa Sofía y 2 ocasiones en el de San Cristóbal); en otras 2 en Málaga y, finalmente, en 2 ocasiones en Barcelona.
Los vuelos secretos forman parte del entramado de las llamadas "entregas extraordinarias" o detenciones extrajudiciales y secretas de sospechosos de terrorismo que son trasladados, también en secreto, a otros países para ser detenidos e interrogados sin supervisión judicial y, según destacan las ONG, con riesgo de ser torturados.
Estados Unidos ha dejado claro que no abandonará esta práctica, y asegura contar con garantías de que ningún sospechoso será torturado, aunque los testimonios de los detenidos contradicen esta versión.
