La CIDH advierte acerca de la "grave crisis de desapariciones" en México, que suma más de 128.000 casos

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha señalado la "grave crisis de desapariciones y de identificación humana" que afronta México, país en el que "existen más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas" y que adolece de "desafíos estructurales" como la existencia de "redes de connivencia con el crimen organizado" que dificultan la "prevención, investigación, sanción y reparación".

"México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana. Si bien la Comisión valora los avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado --especialmente en materia de búsqueda--, persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación por las diversas formas de desaparición que ocurren en el país", señala la CIDH en un informe sobre el único país hispánico de Norteamérica.

En concreto, el organismo ha apuntado que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), existen más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas en México, mientras que "estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000".

"Estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica y conducir de manera eficaz la búsqueda y los procesos de identificación humana", subraya la Comisión, que alerta de que "la desaparición en México es generalizada".

Asimismo, mantiene que este crimen "ocurre desde hace varias décadas, a partir de las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada 'guerra sucia', reconocidas por el propio Estado". A este respecto, la CIDH ha destacado como un hecho "positivo" que el Tribunal Supremo haya declarado "la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la 'guerra sucia', incluidas las desapariciones".

Con todo, estas constituyen en la actualidad un tipo de crimen que mantiene "una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales".

Entre las víctimas se encuentran perfiles diversos como "niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado". Asimismo, se incluyen "personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas desaparecidos por el ejercicio de su labor informativa y personas defensoras de Derechos Humanos que son desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos o por proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente".

SEÑALA UNA PREVENCIÓN INEFICAZ E "IMPUNIDAD ESTRUCTURAL"

La Comisión ha hallado entre "los principales desafíos" que afronta México "la falta de eficacia de las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural, caracterizada por debilidades en la investigación e identificación forense".

"Superar esta crisis requiere, entre otros aspectos, la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia con el crimen organizado en las diferentes partes del país, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la participación central de las víctimas y sus familias", ha subrayado la CIDH, que ha expresado "su voluntad y disposición de prestar su asistencia técnica al Estado mexicano en estos esfuerzos".

En este sentido, el organismo ha emitido una serie de recomendaciones a las autoridades, entre las que se encuentran el fortalecimiento de la prevención "con participación de organizaciones de Derechos Humanos y de colectivos de familiares de víctimas" y el refuerzo del "mecanismo de protección de personas defensoras (de Derechos Humanos) y periodistas para prevenir desapariciones", así como trabajar para "erradicar la estigmatización de las familias que buscan a sus seres queridos".

Asimismo, la CIDH ha aconsejado a México el fortalecimiento de las políticas sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas, de las referidas a la atención y reparación a víctimas y de las vinculadas a la memoria.

EL GOBIERNO DEFIENDE SUS MEDIDAS Y PROMETE "CONTINUAR EL DIÁLOGO"

La Comisión ha presentado su informe en un acto en el que han participado las autoridades mexicanas, que han querido poner en valor la estrategia del Gobierno presidido por Claudia Sheinbaum en un acto que ha contado con la asistencia de familias, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, representantes gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, diplomáticos mexicanos y organizaciones de la sociedad civil.

"Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración", ha defendido el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, según las declaraciones emitidas en el acto y recogidas por la Secretaría de Exteriores mexicana.

Asimismo, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la propia Secretaría de Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, ha subrayado que "las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil".

En este contexto, la cartera diplomática ha prometido en su comunicado que el Ejecutivo "continuará el diálogo constructivo y respetuoso que se ha establecido con la CIDH y ampliará los programas de cooperación con agencias internacionales", entre las que ha destacado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), "para así continuar el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y generar soluciones efectivas y duraderas".