MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades colombianas han instalado este domingo un equipo forense en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, ante la posibilidad de que los cuerpos de los tres periodistas del diario ecuatoriano 'El Comercio' sean entregados por disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según ha informado el vicepresidente del país, Óscar Naranjo.
El exgeneral de la Policía y negociador plenipotenciario del Gobierno colombiano durante el proceso de paz con las FARC ha asegurado durante una rueda de prensa que el equipo técnico y científico, que se ha desplazado hasta la localidad de Cali, "estará disponible sin importar a qué lado de la frontera se encuentren los cuerpos".
Asimismo, Naranjo ha indicado que "Colombia cuenta con todas las capacidades" para ello y ha señalado que "en la sede de Tumaco se apoyará el proceso" de identificación de los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el viernes tras varios días de incertidumbre que los dos periodistas y el conductor del diario 'El Comercio' que fueron secuestrados el mes pasado habían muerto a manos de sus captores.
Las palabras del dirigente tuvieron lugar después de que el Frente Oliver Sinisterra, un remanente de la antigua guerrilla de las FARC comandado por alias 'Guacho', emitiera un comunicado en el que anunciaba que, debido a las operaciones de rescate de las fuerzas de seguridad, los rehenes habían muerto.
Los gobiernos de Ecuador y Colombia habían tratado de confirmar dicha información. Moreno, por su parte, había dado un plazo de doce horas a los secuestradores para aportar pruebas sobre el estado y paradero de los periodistas. "No hemos recibido ninguna prueba de vida", ha dicho afirmando que "nunca tuvieron intención de entregarlos vivos, sino de ganar tiempo".
La zona de Mataje, donde se produjo el secuestro, ha sido declarada "zona de seguridad" para aumentar los controles de militares y policías y se creará una jurisdicción especial para crimen organizado con sede en Quito para garantizar la seguridad de jueces y fiscales en la investigación de estos hechos.
