MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión para los Derechos Humanos de Etiopía (EHRC) ha acusado al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) de la muerte de 184 civiles durante la expansión de la guerra contra el Gobierno etíope a la región de Amhara entre julio y agosto de este año, en particular en las regiones de Gondar del Sur y Wollo del Norte.
La EHRC, que ha colaborado con Naciones Unidas y responsabilizado en otras ocasiones al Ejército etíope de abusos contra los derechos humanos, señala ahora al grupo rebelde por el "homicidio premeditado" de decenas de civiles", la destrucción de propiedades públicas y uso de la población en operaciones de combate.
Desplazados internos han informado de que las fuerzas del TPLF encarcelaron e "hicieron desaparecer" por la fuerza a varios jóvenes a los que acusaron de colaborar con el Gobierno.
"Después de controlar la ciudad de Mehoni, en Tigray, atacaron a personas que se percibían como simpatizantes del partido gobernante, el Partido de la Prosperidad, y luego saquearon e incendiaron sus casas", según el informe, publicado este sábado por el 'Addis Standard'.
La comisión ha señalado no obstante que el equipo de investigación no pudo acceder a todas las áreas de conflicto debido a los problemas de seguridad y, como tal, se espera que el número real de muertes de civiles sea mucho mayor de lo que se indica en este informe.
El comisionado de la EHRC, Daniel Bekele, ha pedido a todas las partes en el conflicto que respeten sus obligaciones de garantizar que los civiles y los bienes de carácter civil no se conviertan en objetivos.
Asimismo, también subrayó la necesidad de garantizar que los responsables de estas violaciones rindan cuentas, así como de emprender una investigación en más áreas afectadas por el conflicto de las regiones de Amhara y Afar, y finalmente una pesquisa por separado sobre los abusos sexuales durante este periodo de la guerra.
A principios de mes, una investigación conjunta de la EHRC con Naciones Unidas determinaron "motivos razonables" para creer que todas las partes implicadas en el conflicto en la región de Tigray han cometido violaciones de los Derechos Humanos y la ley de refugiados, algunos de los cuales podrían equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad.
