DACCA, 23 Dic. (Reuters/EP) -
El ex ministro del Gobierno militar de Bangladesh Syed Mohammad Qaisar ha sido condenado a muerte este martes por los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de independencia de Pakistán, hace más de cuatro décadas.
Qaisar, de 73 años de edad, ha sido declarado culpable de 14 de los 16 cargos que se le imputaban, entre ellos genocidio, tortura, violación, extorsión e incendio, por las atrocidades cometidas durante el conflicto bélico de 1971.
Bangladesh pasó a ser parte de Pakistán tras el fin del mandado británico sobre India, en 1947, pero se independizó tras una guerra civil que enfrentó a las fuerzas secesionistas, respaldadas por India, y a las unionistas, apoyadas por Pakistán.
Las fuerzas unionistas fueron acusadas de múltiples abusos de los Derechos Humanos. Durante la guerra civil, unos tres millones de personas murieron y miles de mujeres fueron violadas, de acuerdo con las cifras oficiales.
"Las heridas de las violaciones son mayores que las heridas de las balas", ha dicho el fiscal del caso, Tureen Afroz, a los periodistas, una vez emitido el fallo.
Qaisar ha negado los cargos. "No ha tenido un juicio justo", ha asegurado su abogado, Syed Mohammad Shahjahan, adelantando que el ex ministro recurrirá la sentencia.
El caso se remonta a 2010, cuando las primeras denuncias que apuntaban a Qaisar comenzaron a llegar a los tribunales. Entonces, se acusó a la primera ministra, Sheij Hasina, de usar este proceso contra sus dos principales opositores: el Partido Nacionalista de Bangladesh y el islamista Jamaat-e-Islami.
El tribunal ya ha condenado a 15 personas por los crímenes de la guerra civil, 13 de los cuales han sido condenados a muerte y uno ya ha sido ejecutado.
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo conmutó la pena de muerte del líder islamista, Delawar Hossain Sayedee, condenado por cargos similares a los de Qaisar, por una cadena perpetua.
Más de 200 personas han muerto en las violentas protestas que se han producido desde entonces contra el tribunal y sus decisiones. La mayoría de las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad y activistas opositores.
