AMSTERDAM, 26 Nov. (Reuters/EP) -
Un tribunal holandés ha avalado este jueves la política del Gobierno de detener la ayuda alimentaria y de alojamiento a los solicitantes de asilo que ven su petición denegada y se niegan a ser repatriados, dando respaldo legal a una de las políticas migratorias más duras de Europa.
El Consejo de Estado, que revisa la legalidad de las decisiones del Ejecutivo, ha dictaminado que la nueva política del primer ministro conservador, Mark Rutte, no contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos y que un solicitante de asilo rechazado no tiene derecho a apelar a la Carta Social Europea.
El Gobierno holandés "tiene el derecho, cuando ofrece alojamiento en los lugares llamados de libertades limitadas, a pedir que los solicitantes de asilo denegados cooperen con su salida de Países Bajos", afirma el Consejo de Estado en su sentencia.
La política más dura hacia los solicitantes de asilo y los inmigrantes en los últimos años en Países Bajos ha sido criticada por las ONG y Naciones Unidas como demasiado estricta.
El veredicto de este jueves contrarresta un informe de agosto del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que pidió al Gobierno holandés que cubriera las necesidades básicas de los inmigrantes de forma incondicional. "Mientras están en Países Bajos, tienen que gozar de los estándares mínimos de vida", afirmó Ion Diaconu, uno de los coautores del informe.
El Consejo de Europa había criticado a Países Bajos en 2014 por poner a los solicitantes de asilo bajo detención administrativa y dejar a muchos "inmigrantes irregulares" en un limbo legal y la indigencia.
Europa está viviendo su peor crisis de inmigrantes y refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Países Bajos es el octavo destino de los solicitantes de asilo en la UE, con un 4 por ciento del total de llegadas en 2014. Las solicitudes totales aumentaron un 87 por ciento el año pasado hasta las 24.535.
