Crónica EEUU.- La CIA destruyó los vídeos de los interrogatorios sin el conocimiento del Congreso estadounidense

WASHINGTON, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) destruyó sin el conocimiento del Congreso al menos dos cintas de vídeo que contenían sendos interrogatorios a dos operativos de Al Qaeda que se encontraban bajo su custodia, en parte porque podrían contener secuencias de tortura, en flagrante violación de los Derechos Humanos, lo que ha llevado a Amnistía Internacional a solicitar "una investigación completa" del programa de detenciones de la CIA, y en la que estaría incluida la eliminación de estos vídeos.

Las cintas mostraban a agentes de la CIA sometiendo a "severas técnicas de interrogatorio" al miembro de Al Qaeda Abú Zubayda y a otro integrante de la organización, cuyo nombre no ha sido revelado. De acuerdo con el diario estadounidense 'The New York Times', las cintas habían sido destruidas, en parte, porque las autoridades de la agencia estaban preocupadas por la posibilidad de que los "crueles" métodos empleados contra los operativos de la red terrorista internacional pudiesen poner a sus agentes en el punto de mira de un proceso legal por violación de los Derechos Humanos.

La orden directa para la destrucción de las cintas procedió de jefe del Directorio de Operaciones --el servicio clandestino de la agencia--, Jose A. Rodriguez Jr., y divulgada por el máximo responsable de la CIA, su director Michael V. Hayden.

Ayer se conoció que Hayden indicó, a través de un correo electrónico dirigido a su personal más cercano, que los interrogatorios habían sido grabados en vídeo precisamente para garantizar que no se violaban los derechos humanos después de que el presidente George W. Bush autorizara el empleo de métodos más violentos para extraer información a los sospechosos de terrorismo, entre los que se incluye la simulación de ahogamiento o 'waterboarding'.

"La agencia está determinada a proceder de acuerdo con la política legal establecida por lo que, 'motu proprio', la CIA comenzó a grabar los interrogatorios", aclaró Hayden, que añadió que las cintas suponían "un grave riesgo para la seguridad" de los agentes participantes en el proceso si su identidad llegara a ser revelada, lo que les convertiría "en objetivos de la venganza de Al Qaeda y de sus simpatizantes".

La destrucción de las cintas plantea varios problemas. En primer lugar, cabría la posibilidad de que la CIA hubiera ordenado la eliminación de los vídeos para evitar tener que responder a nuevas preguntas del Congreso, los tribunales o la Comisión del 11-S sobre su actuación a la hora de extraer información de los detenidos de Al Qaeda. De momento, se sabe que las grabaciones nunca fueron puestas en conocimiento de los tribunales que están juzgando a Zacarias Moussaui por su participación en los atentados contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Del mismo modo, la Comisión del 11-S no cuenta con ninguna transcripción de estos interrogatorios realizados por la Agencia Central de Inteligencia.

Por otro lado y en un ámbito humanitario, la dureza de los métodos empleados por la CIA ha vuelto a ser puesta en tela de juicio. Este pasado miércoles un comité del Congreso solicitó que estas prácticas, como el mencionado 'waterboarding', fueran declaradas ilegales. Sin embargo, es muy posible que el presidente Bush vete esta propuesta, habiendo instado a sus agentes a incrementar la violencia de sus interrogatorios con anterioridad.

Finalmente, se vuelve a poner en evidencia la tensa relación entre la Administración Bush y el Congreso estadounidense. A pesar de que Hayden declaró en su comunicado que ambas cámaras estaban perfectamente al tanto de la existencia de las cintas y su posterior destrucción, ni demócratas ni republicanos tienen constancia de haber sido informados.

FALLO DE INFORMACIÓN

Así, un portavoz del representante republicano por Michigan, Peter Hoekstra, declaró que su jefe nunca fue "informado de la existencia de estas cintas o de que iban a ser destruidas". Hoekstra era, entre 2004 y 2006, nada menos que el presidente del Comité de Supervisión de los Servicios de Inteligencia en la Cámara de Representantes. "El Comité en pleno debería haber sido informado y consultado antes de que la CIA hiciera cualquier cosa con las cintas", explicó el portavoz.

La principal representante de los demócratas en este Comité, Jane Harman, se mostró mucho más explícita. "¿Cómo demonios la CIA puede considerar que estas cintas no eran relevantes de cara a una investigación del poder legislativo?", se preguntaba. "Este episodio refuerza mi idea de que la CIA no debería conducir programas de interrogatorios por separado", concluyó.

De los dos detenidos que aparecían en las cintas, uno de ellos era Abú Zubayda, que proporcionó información esencial que llevó a la captura de Khalid Sheikh Mohammed, el 'cerebro' detrás de los atentados del 11 de septiembre.

Sin embargo, uno de los principales afectados por la destrucción de estas cintas podría el francés Zacarias Moussaoui, que cumple actualmente cadena perpetua por su implicación en los atentados. En este sentido, un portavoz de la CIA ha asegurado que en las cintas no "se encontraba ningún terrorista cuyos comentarios pudieran haber sido considerados pertinentes" en el caso Moussaoui.

"INVESTIGACIÓN INMEDIATA"

Amnistía Internacional, por su parte, ha vuelto a pedir a través de un comunicado que se investigue el programa de detenciones de la Agencia Central de Inteligencia, así como por qué se han destruido estas cintas de vídeo. A juicio de la organización humanitaria, si las cintas hubieran contenido pruebas de negligencia criminal, todos aquellos agentes de la CIA que hubieran aparecido en ellas hubieran podido ser acusados, en última instancia, por un tribunal.

Mas aún, Amnistía entiende que "la destrucción de las cintas se inserta dentro de las medidas habituales que adopta el Gobierno estadounidense para evitar ser considerado responsable de las violaciones de los Derechos Humanos llevadas a cabo por su personal durante la llamada 'Guerra contra el Terror'".

De esta forma, AI pide que que "cualquier documento o evidencia" relativa a la autorización del programa de interrogatorios "debería ser hecha pública" por las autoridades estadounidenses. El presidente Bush reautorizó el pasado mes de septiembre esta táctica.

En ese sentido, Amnistía recordó que había enviado una carta ese mismo mes a Bush, en la que le informaba de que el programa de detenciones de la CIA que había vuelto a autorizar mismo mes "incita a la práctica de las desapariciones forzadas" al no revelar ni el nombre ni el paradero de los detenidos, algo que es considerado un crimen bajo la ley internacional.

"De momento, no se ha recibido ninguna respuesta a dicha carta", concluyó el comunicado de Amnistía.