El reo asegura que una lesión en su pierna prueba que no pudo salir huyendo, como le acusan, tras asesinar a una inmigrante vietnamita
HUNTSVILLE (TEXAS, EEUU), 22 Ago. (EP/AP) -
El estado de Texas se prepara para ejecutar al preso número 400 esta tarde: Johnny Ray Conner, acusado de asesinar a una inmigrante vietnamita en 1998 y dueña de una tienda de alimentación de una gasolinera que asaltó, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos ante el que ha apelado su sentencia a la pena capital, alegando que su defensa no buscó pruebas médicas que lo hubieran exculpado por una vieja herida en una pierna, no se pronuncia para evitar su ejecución.
Conner, de 32 años, asegura que la cojera que padece constituye una prueba de que no pudo ser el hombre que los testigos identificaron como el hombre armado que huyó corriendo de la escena del crimen en Houston hace ahora casi 10 años.
La inmigrante vietnamita Kathyanna Nguyen, de 49 años, fue abatida durante el robo al establecimiento, a pesar de que se escondió detrás de una estructura acristalada para intentar protegerse durante el asalto.
Conner se convertirá en el preso número 21 en recibir una inyección letal en el estado de Texas, para acabar con su vida, y el número 400 ejecutado en el estado, desde que en 1977 el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió la reinstauración de la pena capital en el país. Se trata de las cifras más elevadas en todo territorio nacional norteamericano, colocando así a Texas a la cabeza en ejecuciones de acusados que esperan en el 'corredor de la muerte'.
La perspectiva de que Conner se convirtiera en la persona ejecutada en Texas número 400 desde que en 1982 reinstauraron la pena de muerte en este estado, hicieron que la Unión Europea apelara al gobernador del estado, Rick Perry, para suspender la ejecución de Conner y aprobar una moratoria en su aplicación, ya que la UE se opone a la pena capital en cualquier caso y su práctica está prohibida en los 27 Estados miembro.
En un comunicado difundido ayer por la Presidencia portuguesa de la UE, asegura que ésta "lamenta" la ejecución del preso Johnny Conner, que previsiblemente tendrá lugar hoy miércoles en Texas, e instó al gobernador Rick Perry a "hacer uso de su poder para detener las ejecuciones futuras".
Por otra parte, el comunicado reitera la "oposición sin reservas" de la UE al uso de la pena capital "bajo cualquier circunstancia" y recuerda sus esfuerzos para conseguir "la abolición universal de este castigo" y muestra el apoyo de la UE a medidas como las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2002 y marzo de 2005, en las que se declara inconstitucional la ejecución de personas con retraso mental y de menores.
"Creemos que la eliminación de la pena de muerte es fundamental para la protección de la dignidad humana y para el desarrollo progresivo de los Derechos Humanos", prosigue el texto, en el que se afirma que la pena capital ha sido abolida en toda Europa porque "no existe ninguna evidencia" para afirmar que su uso "sirve como elemento disuasorio frente al crimen violento" y porque "la irreversibilidad del castigo supone que los errores judiciales no puedan ser reparados".
TEXAS DESESTIMA LA APELACIÓN DE LA UE
"Los tejanos decidieron hace mucho tiempo que la pena de muerte es un castigo justo y apropiado para los crímenes más horribles perpetrados contra nuestros ciudadanos", respondió el portavoz del gobernador, Robert Black, rechazando así el llamamiento de la UE. "A pesar de que respetamos a nuestros amigos en Europa, damos la bienvenida a su inversión en nuestro estado y apreciamos su interés por nuestra legislación, los tejanos están haciendo un buen trabajo gobernando Texas", subrayó.
El pasado mes de enero, la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones dio marcha atrás a la decisión de un juez de distrito federal que otorgó a Conner la posibilidad de celebrar un nuevo juicio, debido a que sus abogados defensores no solicitaron pruebas médicas sobre el malestar que sufría en su pierna, desde hacía muchos años antes de la muerte de Nguyen.
Según explicaron los abogados de Conner, su herida nunca constituyó un motivo de prueba porque, insistieron, Conner les aseguró que su pierna fracturada había curado hacía tiempo. Por su parte, la Corte de Apelaciones aseguró en su fallo que no hubo testimonio alguno en el juicio acerca de su cojera y que ninguno de sus abogados se percató de su discapacidad.
El profesor de Derecho la Universidad de Miami Kenneth Williams, al frente de la defensa de Conner argumentó, en su recurso de apelación remitido al Tribunal Supremo para impedir la ejecución de su cliente, que en vistas de que sus abogados anteriores no investigaron su lesión en la pierna, "no estuvieron en posición de contrarrestar los testimonios de los testigos y no fueron capaces de argumentar ante el jurado que existían dudas razonables de que el señor Conner fuera (en realidad) el agresor".
Los abogados del Estado rebatieron que Conner no les expuso la lesión que padecía como un problema de peso y como factor determinante para preparar su defensa, ya que, insisten, ni siquiera les reveló su cojera.
A media tarde del domingo 17 de mayo de 1998, cuando el cliente Julián Gutiérrez entró en el establecimiento de Nguyen para pagar su factura por repostar gasolina y vio que estaban robando en la tienda, trató de salir corriendo fuera del establecimiento, aunque un disparo alcanzó su hombro. Nguyen murió de un tiro en la cabeza.
Gutiérrez fue uno de los tres supervivientes del atraco que identificaron a Conner como el responsable del asesinato que dejó atrás un importante botín en metálico antes de salir huyendo. Su huella dactilar fue hallada en una botella en el establecimiento.
Conner ha declinado hablar a los medios desde hace varias semanas, en vísperas de que se cumpla su ejecución, aunque en una página Web contraria a la pena de muerte calificó su sentencia de "un acto atroz de barbaridad contra la ley y el ser humano".
El reo tiene un historial policial lleno de atracos y ofensas por drogas, incluido posesión ilícita de cocaína cuando apenas tenía 12 años. Durante su juicio, en el que le condenaron a la pena máxima, el jurado tardó menos de una hora en hallarle culpable y tras cinco horas de deliberaciones a puerta cerrada confirmó su sentencia a muerte.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional denuncia que Estados Unidos, a través de las ejecuciones judiciales, "continúa haciendo caso omiso de los principios internacionales de justicia y dignidad humana", al tiempo que subraya que "un tercio de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde su reanudación en 1977 han tenido lugar en Texas".
"En 1972 la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una suspensión temporal de las ejecuciones fundándose en la arbitrariedad de la aplicación de la pena de muerte", recuerda la ONG, para quien "los políticos locales y federales deben armarse de valor para superar la politización de este castigo embrutecedor y ofrecer un liderazgo activo en materia de Derechos Humanos". "Debe detenerse de una vez por todas la cinta transportadora de la muerte", concluye AI.
