Asimismo, reclama al nuevo Congreso bajo control demócrata que restaure el derecho de los detenidos a acceder a tribunales federales
WASHINGTON, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El próximo 11 de enero se cumplen cinco años desde que los primeros presuntos terroristas detenidos llegaron al centro de detención de Guantánamo (Cuba) y la organización internacional Human Rights Watch considera que ha llegado el momento de que la Administración estadounidense proceda a su cierre. Asimismo, en un comunicado publicado hoy, pide que se presenten cargos criminales contra los detenidos y se les restaure su acceso a tribunales federales.
Para la ONG internacional, el hecho de que siga habiendo personas detenidas en Guantánamo es "una vergonzosa plaga para el respeto de los Derechos Humanos por parte de Estados Unidos". El 11 de enero de 2002 llegaron a Guantánamo los primeros 20 detenidos en la 'guerra contra el terrorismo' y "hoy en día cerca de 400 hombres siguen detenidos sin cargos incapaces de contestar la legalidad de su detención ante un tribunal federal".
"Detener a cientos de hombres sin cargos en Guantánamo ha sido una debacle legal y política de proporciones históricas", opina el director ejecutivo de HWR, Kenneth Roth, para quien "ya es hora de cerrar Guantánamo". "La Administración Bush debería o bien presentar cargos o liberar a los detenidos atrapados en este limbo de pesadilla", aseveró.
Desde el establecimiento del centro de detención, Washington ha intentado rodearlo de secretismo y aislar sus acciones de la actuación de la justicia. Además, recuerda HRW, después de que el Tribunal Supremo sentenciara que los arrestados podrían contestar la legalidad de su detención ante los tribunales, la Administración Bush introdujo nuevas leyes en el Congreso revocando ese derecho, así como de denunciar su tratamiento, incluso aunque hayan sido torturados e incluso después de su puesta en libertad.
PIDE AL CONGRESO QUE ACTUE
"La primera orden de trabajo del nuevo Congreso debería ser restaurar el derecho de los detenidos al 'habeas corpus'", opinó Roth, defendiendo que se trata de "un mecanismo vital para prevenir el abuso de los detenidos y proteger a las personas que no deberían estar detenidas".
La Administración, recuerda HRW, ha intentado justificar las detenciones que aún continúan afirmando que se trata de "combatientes enemigos" sin atender a lo estipulado por las leyes de la guerra. Aunque el Departamento de Defensa asegure estar dando a los detenidos un proceso justo en el que pueden contestar su designación de combatientes enemigos mediante los Tribunales de Revisión del Estado de Combatiente, la organización considera que "estas audiencias no se aproximan siquiera a algo similar a una revisión jucial independiente, ni tampoco son independientes o justas".
En estos tribunales, el Gobierno se basa sobre todo en pruebas clasificadas secretas, colocando a los detenidos en la situación imposible de refutarlas, ya que nunca han visto. En muchos casos, afirma HRW, al detenido no se le ha informado sobre las actividades de las que se le acusa y que el convierten en "combatiente enemigo".
DECLARACIONES FORZADAS
A esto se suma, añade el comunicado, la admisión de declaraciones forzadas --obtenidas incluso mediante la tortura-- contra el detenido y que, como todas las pruebas gubernamentales, se presume que son "genuinas y precisas". Además, los detenidos tampoco pueden contar con la representación de un abogado y en muchos casos ni siquiera pueden presentar testigos o pruebas al margen de sus propias declaraciones.
"Si Estados Unidos cree que estos hombres han cometidos actos que legalmente justifican su detención, es duro comprender por qué temen tanto una revisión judicial independiente", se pregunta Roth.
Por otra parte, HRW subraya que aunque se les haya designado como "combatientes" muchos de los detenidos fueron arrestados lejos del campo de batalla e incluso, según los registros del Pentágono, la gran mayoría no han sido acusados de portar un arma o luchar contra Estados Unidos o contra las fuerzas de la coalición.
Según la ONG, cientos de detenidos fueron 'vendidos' a Estados Unidos por cazarrecompensas o entregados por miembros de grupos rivales, mientras que los principales dirigentes talibán o de Al Qaeda, que contaban con recursos, consiguieron comprar su libertad.
La Administración Bush dice que prevé presentar cargos contra hasta 70 de los detenidos en Guantánamo en las comisiones militares autorizadas por el Congreso en octubre pasado, lo que deja a más de 300 hombres todavía en el centro de detención sin cargos y sin una explicación clara de lo que se les acusa de hacer. Según HRW, muchos deberían haber sido puestos en libertad hace mucho tiempo en virtud de las leyes del conflicto armado.
"Ni un solo de los presuntos terroristas de alto rango han sido llevados ante un tribunal por sus delitos", denunció Roth, defendiendo, para concluir, que "las víctimas del 11-S y la población estadounidense merecen ver que se hace justicia".
