Según la ONG entre enero de 2006 y junio de 2007 hubo más de 1.100 secuestros o desapariciones, la mayoría obra del Gobierno
COLOMBO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en un informe que el Gobierno de Sri Lanka cometió un gran número de abusos de los Derechos Humanos en su lucha contra los rebeldes de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), deteniendo ilegalmente a alguno de sus opositores, secuestrando secretamente a otros y atacando sin preocuparse por el posible daño a civiles. Además HRW pidió a los donantes su apoyo para la creación de una misión de vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU.
El Gobierno asiático calificó el informe presentado por la ONG como infundado y como una violación de la soberanía del país. "Tomamos todos los pasos posibles para defender los Derechos Humanos", comento el portavoz del Gobierno, Keheliya Rambukwella, citado por la agencia AP. El Gobierno culpa desde hace tiempo al LTTE de todos los abusos ocurridos durante el conflicto.
El informe, de 129 páginas, denuncia que los rebeldes son responsables del asesinato de civiles, de reclutar niños soldado y de extorsionar a los habitantes locales, pero recuerda que eso no quita responsabilidad a los abusos llevados a cabo por el Gobierno.
"Los abusos del LTTE no son excusa para la campaña de asesinatos del Gobierno, para las "desapariciones" y para el regreso forzoso de los refugiados", declaró el director para Asia de HRW, Brad Adams. "El Gobierno de Sri Lanka parece haber dado luz verde a sus fuerzas de seguridad para el uso de tácticas de guerra sucia", añadió.
Sri Lanka lleva sumergida en una guerra civil desde 1983, donde los rebeldes tamiles piden la independencia de una región para los habitantes de étnia tamil en el norte y el este del país en contra del Gobierno de mayoría cingalesa. Más de 70.000 personas han muerto durante este conflicto. En 2002 se llegó a un acuerdo de alto el fuego con el apoyo de Noruega, pero desde hace 21 meses, los enfrentamientos se han recrudecido, terminando con la vida de cerca de 5.000 personas.
Cerca de 315.000 personas han huido de sus casas a causa de la violencia. El Gobierno forzó a algunos de ellos a regresar a áreas que siguen inseguras, según el texto. La ONG denunció también que más de 1.100 secuestros o "desapariciones" fueron registradas entre enero de 2006 y junio de 2007, y señaló como culpables de la mayoría de ellos al Gobierno y a sus aliados armados.
ATAQUES INDISCRIMINADOS CONTRA CIVILES
El informe indicó que, en la última ofensiva del Gobierno contra los refugios de los rebeldes en el este del país, las tropas gubernamentales atacaron indiscriminadamente a la población civil y bloquearon el reparto de muchas ayudas humanitarias.
En otro de los incidentes citados en el texto, el Gobierno mató a 62 personas cuando el 8 de noviembre bombardeó una escuela en el área de Vahaira (este del país) donde cientos de desplazados habían intentado buscar un refugio. HRW insistió en que sus investigadores no encontraron ninguna prueba que apoyase la teoría del Gobierno de que los rebeldes habían disparado a las tropas desde la escuela o de que estaban usando a los civiles como escudos humanos.
En la península de Jaffna, que se encuentra bajo un estricto control militar, se registró la desaparición de más de 800 personas entre diciembre de 2005 y abril de 2007, 241 de las cuales fueron encontradas. En la mayoría de los casos los familiares o testigos aseguraron que las fuerzas de seguridad estaban implicadas en los secuestros.
"El Gobierno ha prometido repetidamente investigar y terminar con estos abusos, pero ha demostrado una falta de intención política para tomar los pasos necesarios", comentó Adams. "Las instituciones gubernamentales han demostrado ser incapaces de enfrentarse a la escala e intensidad de los abusos", denunció.
En diciembre de 2006, el Gobierno consiguió una extensión temporal de las Leyes de Emergencia, reintroducidas en agosto de 2005 y que consideran como crímenes terroristas un gran número de actividades pacíficas. Estas normas son usadas en muchas ocasiones para acusar a opositores políticos y miembros de los medios de comunicación, según HRW.
El informe se publicó en el primer aniversario del asesinato de 17 trabajadores de la agencia internacional Acción Contra el Hambre, los cuales fueron ejecutados durante un enfrentamiento entre el Gobierno y los rebeldes en la ciudad de Muttur. Los vigilantes del alto al fuego acusaron a los militares por estas muertes, mientras que el Gobierno señaló a los rebeldes.
HRW llevará a cabo varias ceremonias en distintos lugares del mundo para conmemorar estos asesinatos, que produjeron una llamada internacional para que se estableciese una investigación de la ONU.
El informe denunció así mismo que una facción armada liderada por el antiguo comandante de los rebeldes conocido como coronel Karuna, que abandonó el LTTE hace tres años para trabajar para el Gobierno, continúa reclutando forzosamente a niños soldados y secuestró a decenas de empresarios tamiles para pedir rescate por su liberación. No existe ninguna prueba de que el Gobierno esté investigando estos hechos.
