Moreno Ocampo presentó anoche su tercer informe sobre Darfur ante el Consejo de Seguridad de la ONU
NUEVA YORK, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU su tercer informe sobre los crímenes cometidos en la región sudanesa de Darfur (oeste) en el que, afirmó, aporta pruebas sobre "miles de presuntos asesinatos de civiles", que incluyen "matanzas a gran escala", según informó hoy la ONU en un comunicado.
"La Oficina del Fiscal ha reunido las pruebas, procedentes de fuentes públicas y no difundidas, de miles de presuntos asesinatos de civiles perpetrados por las partes en conflicto", señala el informe del fiscal, que, en cumplimiento de la resolución 1593 del Consejo de Seguridad, está encargado de investigar los crímenes cometidos en Darfur desde el 1 de febrero de 2002.
"Las informaciones disponibles muestran que estos asesinatos incluyen matanzas a gran escala, con cientos de víctimas en cada caso", prosigue el documento. "La mayoría de las víctimas y de los testigos interrogados por la Oficina del Fiscal han informado de que los hombres pertenecientes a las etnias four, massalit y zaghawa eran el objetivo deliberado de los blancos", añade.
"En la mayor parte de los casos, los asaltantes emitieron palabras que refuerzan la naturaleza selectiva de los ataques, como 'mataremos a todos los negros' o 'os quitaremos estas tierras'", se lee en el informe del fiscal.
'MUERTES LENTAS', VIOLACIONES Y DESPLAZAMIENTOS
"A las matanzas deliberados se debe añadir la muerte de miles de civiles desde 2003 a causa de las condiciones de vida derivadas del conflicto y de los sucesivos desplazamientos", continúa. "Estas 'muertes lentas' han afectado en particular a los grupos vulnerables, como niños, ancianos y enfermos", asegura el fiscal.
La Oficina del Fiscal ha registrado también "cientos de casos de presuntas violaciones, una práctica endémica por parte de algunos grupos que participan en el conflicto".
Asimismo, el informe del fiscal estima en dos millones el número de personas desplazadas y refugiadas. Entre mediados de 2003 y mediados de 2005 se registró un aumento del número de desplazados. Aparte, se ha documentado un nuevo aumento en los tres primeros meses de 2006 en algunas zonas, como Sheiria, Gereida, Haskanita y Jebel Marra.
Darfur Oeste es, "de lejos, la zona con mayor concentración de desplazados", un dato que coincide con el hecho de tratarse del lugar en el que se ha registrado "la mayor concentración de matanzas", señala el informe.
Aparte, la destrucción de bienes y los saqueos "es un rasgo frecuente en los crímenes cometidos en Darfur, ya que se ha informado de destrucciones y saqueos en más de 2.000 aldeas en las tres provincias de Darfur", afirma el informe de Moreno Ocampo. "La amplitud de las destrucciones está demostrada también a través de las numerosas declaraciones de testigos y por la abundancia de imágenes por satélite", prosigue el documento.
Por otra parte, los investigadores del TPI han constatado la destrucción de bienes religiosos y de símbolos, especialmente la destrucción de mezquitas --alrededor de 65 en Darfur Oeste-- y otros lugares de culto.
LABOR HUMANITARIA E INVESTIGACIONES
El informe del fiscal recuerda también los ataques contra los trabajadores humanitarios y contra los soldados de la Misión de la Unión Africana en Sudán (MUAS). Estos ataques son "ejemplos potenciales de crímenes de guerra", se lee, y tienen un importante impacto en las labores humanitarias.
El documento destaca también que "la inseguridad en Darfur complica la eficacia de las investigaciones, sobre todo en ausencia de un sistema funcional y duradero de protección a las víctimas y los testigos".
Desde el pasado informe del TPI, la Oficina ha llevado a cabo 40 misiones en más de 13 países, donde han recogido declaraciones de testigos. Asimismo, se ha establecido una representación temporal en Chad para poder acceder a los refugiados de Darfur residentes en los campamentos del este del país.
Según el fiscal, "los avances en la investigación y en la presentación de cargos descansan en la cooperación del Gobierno de Sudán y de la Unión Africana". En este sentido, señala mejoras en la colaboración de ambas instancias, y recuerda al respecto las reuniones mantenidas con numerosos responsables judiciales, policiales y políticos sudaneses durante una visita de una misión del TPI al país en febrero de 2006.
En su resolución 1593 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad remitió al TPI la situación en Darfur, lo que podrá permitir la entrega a este Tribunal de los presuntos autores de abusos cometidos desde julio de 2002.
En su informe de febrero de 2005, la Comisión de Investigación sobre la violación de Derechos Humanos en Sudán confirmó que tanto el Gobierno como las milicias aliadas 'janjawid' habían cometido crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra.
