La Defensoría del Pueblo de Colombia alerta de riesgos electorales ante las amenazas de los grupos armados

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha alertado de la "persistencia" de riesgos para el libre ejercicio electoral en los procesos previstos a lo largo de 2026 en el país, dado el "afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales" con grupos criminales que "suplantan" funciones del Estado, regulan campañas y "vetan" candidaturas en diversas regiones.

"El riesgo no es la cancelación de las votaciones sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados", ha subrayado la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE) que fue emitida el pasado octubre.

Entre los principales grupos identificados como fuentes de amenaza, la entidad ha apuntado al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Farc, el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) o la Segunda Marquetalia, entre otros.

Concretamente, los ciudadanos colombianos están llamados a las urnas el próximo 8 de marzo para elegir a los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, a la par que se realizarán las consultas internas para definir a los candidatos presidenciales que se medirán en una primera vuelta prevista para el 31 de mayo.

ZONAS Y POBLACIONES EN RIESGO

Durante la presentación, la entidad pública colombiana ha señalado que la respuesta institucional para mitigar dichos riesgos, hasta ahora, alcanza un cumplimiento "parcial", preocupando especialmente la "coacción electoral" en las macrorregiones Caribe, con los departamentos de Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia; Noroccidente, con los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, y Suroccidente, con el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En ellas se hacen latente especialmente las amenazas, restricciones a la movilidad y la imposición de unas "normas de conducta" que, ha lamentado, "distorsionan la libertad" del elector, en un contexto en el que los grupos armados "definen en algunas zonas reglas donde se condiciona el comportamiento electoral" de la población civil.

Tanto es así que el documento revela un total de 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral, concentrándose la mayor gravedad en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

En el caso de los propios candidatos, la Defensoría ha remarcado que enfrentan un "riesgo estructural" en forma de homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización, restricciones a la movilidad y prohibiciones para adelantar sus campañas en zonas donde los grupos armados no estatales ejercen gobernanzas criminales.

MUJERES Y FIRMANTES DE PAZ

Por su parte, entre las mujeres se ha registrado una reducción en el liderazgo y autonomía política por cuenta de la violencia de género perpetrada por actores armados en zonas como la subregión del Catatumbo.

"Las mujeres enfrentan un mayor riesgo para adelantar sus actividades proselitistas, lo cual hace que su participación tienda a ser formal y enfrenten mayores dificultades para llegar a ocupar una curul en el Congreso", ha explicado Marín Ortiz.

Del mismo modo, los firmantes de paz son objeto de amenazas por parte de estructuras armadas ilegales, siendo un ejemplo de ello Caño Indio, zona rural del departamento del Norte de Santander, donde el desplazamiento forzado amenaza con afectar al derecho al sufragio.

Los riesgos también se extienden a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan un marcado peligro de ser víctimas de homicidios, atentados e intimidación.

Ante esta coyuntura, la Defensoría del Pueblo ha instado al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública a "adaptar" su estrategia integral de seguridad electoral por medio de una presencia "efectiva" en las zonas de riesgo, así como de la protección de los candidatos y comunidades.

También ha llamado a la Fiscalía a "fortalecer" las investigaciones, facilitar los mecanismos de denuncia y "judicializar" a los responsables de amenazas, violencia o interferencia en el proceso electoral.

Finalmente, la defensora del Pueblo ha instado a la Procuraduría General de la Nación a "verificar" a través de su Comisión Especial Temporal de Seguimiento, el cumplimiento de las recomendaciones, adoptando medidas disciplinarias contra el funcionariado que no cumpla su cometido en materia de prevención y protección ante las amenazas alertadas.