KUALA LUMPUR, 17 Dic. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
El reciente hallazgo del cadáver de una transexual de 32 años que fue linchada hasta la muerte por un grupo de jóvenes en Klang, un suburbio de la capital, Kuala Lumpur, ha desatado las sospechas sobre una posible espiral de delitos de odio contra minorías LGTB.
Cuatro sospechosos de entre 16 y 21 años fueron detenidos el jueves por este delito. "La transexual de 32 años fue agredida tras una discusión en la que los agresores la acusaron de robar un teléfono móvil, perteneciente a uno de ellos que habría sido su cliente en noviembre", informó la Policía, según recoge la agencia de noticias estatal malasia Bernama.
La Policía ha querido desvincular este incidente del carácter LGTB de la víctima, pero diversas asociaciones han alertado de que este tipo de agresiones están aumentando. "Es un crimen de odio", ha afirmado la cofundadora del grupo de defensa de los derechos trans Justicia para las Hermanas, Nisha Ayub.
"¿Habrían actuado estos jóvenes de forma tan violenta si no fuera una persona trans? Todo esto se debe al odio que se ha generado", ha asegurado Ayub en declaraciones a Reuters mientras denuncia que muchos de estos ataques ni siquiera son denunciados a la Policía.
En lo que va de año se han registrado diversos incidentes como el ocurrido en agosto, cuando las autoridades ordenaron la retirada de los retratos de dos activistas LGTB de una exposición artística. En septiembre dos mujeres fueron vareadas conforme a la 'sharia' o ley islámica en el estado de Terengganu tras ser sorprendidas manteniendo relaciones íntimas dentro de un coche.
La organización Fortify Rights ha instado al Gobierno malasio a aplicar la legislación vigente que tipifica los delitos de odio, incluidos los relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima. "Los responsables de este asesinato y esta violencia contra las personas trans deben ser llevados rápidamente ante la justicia antes de que se produzcan más actos brutales como estos", ha apuntado este lunes el director jurídico de Fortify Rights, Eric Paulsen.
