Cuatro años después de la dimisión de Mubarak, el régimen militar multiplica su represión
MADRID, 11 Feb. (Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional) -
Bajo mínimos. Así están los Derechos Humanos en Egipto cuatro años después de la dimisión de Hosni Mubarak. Las esperanzas democráticas de la revolución ciudadana que acabó con 30 años de dictadura desde su epicentro en la cairota plaza Tahrir están siendo aplastadas por el régimen militar de Abdelfatá al Sisi a sangre, cárcel y fuego.
Y todo ello envuelto en un manto de impunidad --el propio Mubarak fue absuelto hace un par de meses de complicidad en la muerte de cientos de manifestantes en 2011-- y de auténtico 'cinismo' gubernamental para intentar esconder o disfrazar la realidad.
"Hoy hemos presenciado una gran impostura por parte de Egipto", denunciaba Amnistía Internacional el 5 de noviembre tras escuchar la autodefensa del régimen en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"En el mejor de los casos, están totalmente desconectados de la magnitud de la crisis de Derechos Humanos en la que está sumido el país. Ha sido un patético intento de ocultamiento", remachaba Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África de AI.
CONDENAS A MUERTE Y CADENAS PERPETUAS
El retrato humano y estadístico de la represión es desolador: las penas de muerte y condenas a cadena perpetua se cuentan por cientos; las detenciones, por miles. Y la lista de víctimas de las violaciones de Derechos Humanos desborda el ámbito de la oposición y las manifestaciones políticas para alcanzar a organizaciones no gubernamentales, a periodistas y a un colectivo que acumula discriminaciones y violencias como las mujeres.
Este febrero está siendo terrible para los Derechos Humanos en Egipto. El día 2 se dictaron 183 penas de muerte por los ataques contra una comisaría en agosto de 2013 en los que murieron 11 agentes. Amnistía Internacional expresó "serias dudas sobre la imparcialidad del juicio", lamentó que ni siquiera se hubiera intentado "determinar la responsabilidad individual" y recordó que la pena capital "es un castigo cruel e inhumano en cualquier circunstancia".
Mientras ya suman 415 las condenas a muerte en cuatro procesos por homicidios de policías, aún no se ha exigido responsabilidad policial alguna por la muerte de 1.000 manifestantes en agosto de 2013, un mes después del golpe militar que derrocó al presidente islamista Mohamed Mursi.
Hace cinco días, el mismo juez dictaba 230 cadenas perpetuas --bajo la fórmula de prisión permanente por un máximo de 25 años-- relacionadas con la violencia desatada durante las protestas de diciembre de 2011. Entre los condenados figura el destacado activista Ahmed Douma, que ya cumplía tres años de cárcel por una manifestación no autorizada. Además, 39 menores de edad recibieron penas de 10 años de prisión. Amnistía Internacional calificó de "farsa" el proceso tras documentar violaciones del derecho a un juicio justo.
PERIODISTAS DE AL YAZIRA
La única 'buena noticia' de Derechos Humanos en febrero lo ha sido solo a medias. Peter Greste, periodista australiano de Al Yazira detenido desde hace más de un año, ha visto cumplida su petición de ser deportado a su país.
Pero sus colegas Mohamed Fahmy --que confía en una medida similar por su doble nacionalidad egipcia y canadiense-- y Baher Mohamed permanecen en prisión en espera de nuevo proceso tras ser obligados, en palabras de Hassiba Hadj Sahraoui, "a soportar un grotesco juicio plagado de irregularidades" por difundir "noticias falsas" y colaborar con la ilegalizada Hermandad Musulmana.
Para la portavoz de AI, "cada vez está más claro que los periodistas han sido utilizados como títeres políticos en la disputa entre Egipto y Qatar, propietario de la cadena Al Yazira".
Febrero había arrancado ya con un trasfondo represivo. Amnistía Internacional alertó de que el régimen pretende encubrir al menos 27 muertes en tres días de manifestaciones por el cuarto aniversario de la revolución contra Mubarak iniciada el 25 de enero de 2011.
Medio millar de participantes en las protestas han sido recluidos en centros de detención no oficiales, en una nueva demostración --recalca AI-- de que "las fuerzas de seguridad egipcias han recurrido una vez más al uso arbitrario y abusivo de la fuerza para aplastar a los manifestantes".
USO DE FUERZA LETAL INNECESARIA
Amnistía Internacional ha documentado el uso de fuerza letal innecesaria. Desde el derrocamiento de Mursi, más de 1.400 personas han muerto en protestas y actos de violencia política, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad; la Ley de Manifestación de noviembre de 2013 les permite utilizar armas de fuego contra manifestantes pacíficos.
Y las detenciones 'políticas' se cuentan por miles: el no gubernamental Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales estima que hubo más de 41.000 solo en los primeros 10 meses desde el golpe militar de julio de 2013.
Este inquietante escenario se acentúa con las asfixiantes restricciones e intimidaciones a ONG y organizaciones de Derechos Humanos.
VIOLENCIA GENERALIZADA CONTRA MUJERES
Y se completa con la violencia generalizada contra las mujeres, una lacra social favorecida por décadas de discriminación sistemática, tanto legal --leyes de estado civil y de divorcio-- como de hecho.
Como subraya Hassiba Hadj Sahraoui, más allá de iniciativas simbólicas como la nueva ley que tipifica como delito el acoso sexual, "la realidad es que las mujeres y niñas egipcias deben hacer frente a un fantasma, el de la violencia física y sexual, que está siempre presente y las acecha en todas las facetas de su vida".
En todas, tal y como recoge el reciente informe de AI "Círculos del infierno" sobre la violencia doméstica, pública y del Estado contra las mujeres en Egipto. Según un estudio de ONU Mujeres en 2013, el 99 por ciento de las egipcias entrevistadas dijeron haber sufrido algún tipo de acoso sexual.
Empezando por el propio hogar, donde sus esposos las golpean, azotan, causan quemaduras y llegan a encerrarlas. Siguiendo por los espacios públicos, donde se han multiplicado las agresiones sexuales --sobre todo durante las manifestaciones en la plaza Tahrir-- y muchas mujeres han sido violadas o atacadas por multitudes violentas que las manosean, desnudan y arrastran por la calle, o que las agreden con palos, cuchillos y cinturones.
Y acabando por las cárceles y centros de detención, donde sufren torturas y malos tratos --incluida violencia sexual-- de las fuerzas de seguridad; y hasta se han dado casos de reclusas embarazadas que han tenido que dar a luz esposadas.
