BOGOTÁ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, ha denunciado que la justicia transicional pactada por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es "un acuerdo de impunidad" porque permite a los responsables de graves crímenes eludir la cárcel.
"Omitir la pena de prisión para los máximos responsables de los más execrables crímenes contra la humanidad tendría la consecuencia de convertir el acuerdo en un acuerdo de impunidad", ha dicho en un decálogo de críticas a la justicia transicional.
Ordóñez ha considerado que este acuerdo "es insostenible jurídica y políticamente" porque sustituye la cárcel con penas alternativas que esboza con gran "ambigüedad" siendo las restricciones a la libertad de los culpables la más grave, a lo que se añaden "obras sociales".
"Para todos aquellos que reconozcan su responsabilidad en delitos, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras mediante la realización de actividades" que se prolongarán entre cinco y ocho años".
En cambio, quienes no reconozcan su culpabilidad "sí serán sancionados con pena de prisión de cinco a ocho años", lo cual implica que "los máximos responsables de las atrocidades de las FARC que reconozcan los crímenes no cumplirán penas de prisión, sino que tendrán sanciones como trabajos comunitarios con restricciones a la libertad".
"Al eliminar el elemento de justicia retributiva y dejar únicamente los de verdad y reparación a las víctimas, se desconoce el pilar fundamental de la justicia, lo cual hace nulo el acuerdo logrado ante los ojos de la justicia internacional", ha esgrimido el procurador general.
LA AMENAZA DEL TPI
Ordóñez ha recordado que con ello "se podrían vulnerar normas internacionales" provocando que el Tribunal Penal Internacional (TPI) interviniera "para evitar la impunidad de los crímenes atroces cometidos durante décadas por los actores armados del conflicto".
"Se recuerda que la Fiscalía del TPI ha insistido en que la pena a imponer por los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio debe ser proporcional a la gravedad de los mismos", de modo que "la pena no puede ser simbólica o inexistente", ha explicado.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, escribió una carta a la Corte Constitucional en la que advirtió de que "una condena grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, invalidaría la actuación del proceso judicial nacional".
Bensouda apuntó en concreto que "la duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se puede cuestionar la intención de someter a las personas a la acción de la justicia".
"¿Qué de proporcional tiene sancionar con trabajo comunitario a quien ha cometido masacres, delitos sexuales, asesinatos, miles de secuestros, desapariciones forzadas o el genocidio contra esperanza, paz y libertad?", ha cuestionado Ordóñez.
FLECOS SUELTOS
El procurador general también ha destacado el hecho de que finalmente se haya confirmado que "en La Habana se estaba negociando con las FARC el tratamiento judicial a los militares y policías", ya que también se les aplicará la justicia transicional.
Ordóñez ha denunciado una desigualdad porque, si bien se declara una amnistía para los delitos políticos y conexos, "sería solo aplicable para las FARC" porque militares y policías, "por la naturaleza del servicio público que tienen encomendado, no pueden cometer delito político".
Además, ha criticado que "el acuerdo no contempla requisitos relevantes para acceder a la justicia transicional que son fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas", entre los que ha mencionado "la petición pública de perdón, la contribución con información para la búsqueda de desaparecidos y la desvinculación de menores".
Por último, ha apuntado que, en todo caso, "la implementación de la jurisdicción de paz debe estar sujeta al desmantelamiento de esa organización ilegal, lo cual incluye su desarme absoluto y la desmovilización total de sus integrantes de manera verificable".
