Publicado 26/05/2020 8:11:36 +02:00CET

La educación, una víctima más de la violencia yihadista en Burkina Faso

Una escuela en Burkina Faso
Una escuela en Burkina Faso - LAUREN SEIBERT/HRW - Archivo

HRW alerta de que los ataques contra escuelas constituyen "crímenes de guerra" y denuncia el impacto psicológico que tienen en las víctimas

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Escuelas atacadas, profesores asesinados y niños sin clase. La educación se ha convertido en una víctima más en Burkina Faso, donde los grupos yihadistas que operan en el país han puesto tanto a los centros educativos como a quienes trabajan en ellos en el punto de mira desde 2017, según denuncia Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe.

Los ataques por parte de los grupos afiliados a Al Qaeda y a Estado Islámico en el país comenzaron a atacar a profesores y escuelas en 2017, alegando su oposición al francés, la educación de estilo occidental y las instituciones gubernamentales, y desde entonces no han hecho sino aumentar, denuncia la organización.

HRW ha documentado 126 ataques y amenazas armadas contra profesionales de la educación, estudiantes y escuelas en ese periodo, más de la mitad de los cuales se produjeron en 2019. En total, al menos 12 profesionales de la educación fueron asesinados y otros 17 agredidos o secuestrados en dichos ataques, mientras que muchos más fueron detenidos y amenazados.

En "'Su guerra contra la educación': Ataques de grupos armados contra profesores, estudiantes y escuelas en Burkina Faso", HRW ha documentado ataques en seis de las trece regiones del país en los últimos tres años, incluidos asesinados, palizas, secuestros y amenazas a profesores, así como intimidación a estudiantes y daños, destrucción y saqueo de escuelas.

"Al atacar a profesores, estudiantes y escuelas en Burkina Faso, los grupos armados islamistas no solo están cometiendo crímenes de guerra, sino que están deshaciendo años de progreso en la mejora del acceso de los niños a la educación", lamenta la autora del informe e investigadora de derechos de los niños de HRW, Lauren Seibert.

Para realizar el informe, HRW ha entrevistado a más de 170 personas entre diciembre de 2019 y abril de 2020, incluidos profesores, estudiante y otros testigos de los ataques, además de funcionarios, cooperantes y líderes comunitarios entre otros.

Profesores y administradores de escuela han contado que les han encadenado, atado, les han vendado los ojos y golpeado, además de que les han robado o quemado sus pertenencias. Entre los asesinados figuran cinco profesores en una escuela primaria, un profesor y un director asesinados en sus casas, cuatro profesores y administradores secuestrados y asesinados, dos de ellos decapitados, y un profesor voluntario jubilado, abatido mientras daba clase a niños.

MÁS DE 200 TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN VÍCTIMAS

El Ministerio de Educación, en una carta remitida a HRW en mayo, ha indicado que hasta finales de abril se contabilizaban al menos 222 trabajadores de la educación "víctimas de ataques terroristas". La organización resalta que aunque los yihadistas no parecen tener a los escolares entre sus objetivos, sí que realizan a menudo disparos al aire para aterrorizarlos.

"Estaba en clase cuando llegaron los terroristas (...) Realizaron un disparo y todos escapamos para salvarnos", ha relatado a HRW Boureima, que tenía 14 años cuando su escuela fue atacada en 2018 en la región de Sahel (norte). Cuando regresó, los asaltantes habían quemado "los cuadernos de los estudiantes" además de la oficina del director. El centro no ha reabierto sus puertas y Boureima tampoco ha vuelto a clase desde entonces.

No obstante, una niña de 14 años murió por una bala perdida durante el ataque a una escuela en 2018 y siete escolares que regresaban de unas vacaciones figuraban entre los catorce fallecidos en enero pasado, cuando estalló un artefacto explosivo al paso de su autobús.

Además, HRW ha documentado al menos 84 casos de daños o saqueo de escuelas por parte de hombres armados, en algunos casos quemando parte de la infraestructura y el material académico, accionando explosivos o disparando contra el centro.

UNAS 2.500 ESCUELAS CERRADAS

Como resultado de todo ello, ya antes de que el Gobierno procediera al cierre de todas las escuelas a mediados de marzo para frenar la propagación del coronavirus, en Burkina Faso había 2.500 escuelas cerradas por los ataques y la inseguridad, lo que priva a casi 350.000 niños de su acceso a la educación.

En realidad, el problema no solo afecta a Burkina Faso, sino también a Malí y Níger. En los tres países el cierre de escuelas se ha multiplicado por seis entre mediados de 2017 y mediados de 2019 debido a los ataques y la inseguridad, si bien Burkina Faso es el más afectado, ya que suma más que los otros dos países juntos --Malí, 1.261, y Níger, 354--.

Por otra parte, HRW incide en que el uso de las escuelas para fines militares, como convertirlas en bases para los soldados, también pone esta infraestructura en peligro. Así, ha documentado el uso de diez escuelas por las fuerzas de seguridad burkinesas y seis por los grupos islamistas, además de ataques yihadistas contra cuatro centros durante o directamente después de su ocupación por el Ejército burkinés.

Todos estos ataques, alerta la ONG, tienen consecuencias mucho más amplias para estudiantes y profesores, como trauma y problemas de salud mental, abandono escolar, peligros durante los desplazamientos a nuevas escuelas y, en el caso de los niños que no van a clase, un mayor riesgo de trabajo infantil y de matrimonio temprano, en el caso de las niñas.

EL FUTURO DE LOS NIÑOS, EN JUEGO

"En su brutal asalto contra la educación, los grupos islamistas armados en Burkina Faso han costado a los profesores sus vidas, sus medios de vida y su salud física y mental, y están costando a cientos de miles de niños su futuro", denuncia Seibert que reclama que "estos ataques tienen que cesar".

El Gobierno de Burkina Faso respaldó en 2017 la Declaración Escuelas Seguras, un acuerdo político que compromete a los países a evitar y responder ante los ataques contra estudiantes, profesores y escuelas.

Desde entonces, Uagadugú ha dado "varios pasos positivos", según HRW, como reabrir escuelas cerradas, reubicar a profesores y crear una estrategia nacional y una secretaría técnica de educación en emergencias. Además, en el marco de la respuesta contra la COVID-19, ha ampliado sus programas de educación a distancia, anteriormente solo aplicado en las zonas afectadas por el conflicto, a la radio y la televisión.

"El Gobierno burkinés debería investigar estos ataques, garantizar que los niños recuperan el acceso a la enseñanza y ofrecer el apoyo necesario a los trabajadores educativos que han experimentado los ataques", defiende Seibert. Según la organización, los responsables de estos ataques deben ser investigados por crímenes de guerra y procesados conforme a ello.

HRW sostiene que el Gobierno debería garantizar apoyo económico y psicosocial oportuno a las víctimas, aumentar el apoyo a las abarrotadas "escuelas de acogida" que aceptan a niños desplazados --en el país hay unos 840.000 desplazados como resultado de la violencia--, ampliar los programas de "educación en emergencias" para llegar a más niños afectados por el conflicto, mejorar la seguridad de las escuelas en estas zonas y restringir el uso militar de los centros educativos.

Por último, pide a los gobiernos donantes que barajen apoyar los programas de educación en emergencia y de rehabilitación de víctimas, incluida la atención psicosocial para los profesores y estudiantes que han experimentado estos ataques.