El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken - Sven Hoppe/dpa
El Departamento de Estado estadounidense ha señalado que el fallo de la CIJ es "significativo" y ha destacado que el tribunal "juega un papel vital en la resolución pacífica de disputas bajo la Carta de Naciones Unidas". Así, ha dicho que la CIJ "ha subrayado la necesidad de que los estados actúen de conformidad con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional, incluidas las leyes de la guerra".
"El tribunal ha expresado su profunda preocupación por la extrema vulnerabilidad de la población civil en Ucrania, las numerosas víctimas mortales y heridos civiles por las acciones del Kremlin y los significativos daños materiales, incluida la destrucción de edificios e infraestructuras", ha manifestado.
"El tribunal ha subrayado su profunda preocupación por el uso de la fuerza por parte del Gobierno ruso y ha indicado su constancia de 'lo extenso de la tragedia humana que está teniendo lugar en Ucrania'", ha apuntado, antes de agregar que la CIJ "ha matizado que no posee pruebas que sustenten las denuncias de Rusia sobre un genocidio por parte de Ucrania en la región de Donbás".
Por ello, el Departamento ha aplaudido el fallo y ha pedido a Rusia que "cumpla" y "cese inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania y permita un acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria en Ucrania". "Estados Unidos seguirá actuando con sus aliados y socios para apoyar a Ucrania", ha remachado en su comunicado.
El Gobierno de Volodimir Zelenski había llevado al caso ante la CIJ alegando que Rusia no podía alegar que se estaba produciendo un genocidio en Ucrania. Kiev acusaba a Moscú de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948), ratificada por ambos países.
Las autoridades ucranianas solicitaban por tanto la adopción de medidas cautelares "para evitar perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo y evitar agravar la disputa entre las partes", una petición que la CIJ ha atendido emplazando a Moscú a poner fin a la ofensiva.
La CIJ ha explicado que se trata de "medidas provisionales", es decir, que seguirá estudiando el caso en profundidad antes de emitir una posible condena, pero sí ha planteado que Rusia debe poner fin a sus operaciones. El mensaje se hace extensivo también a todos aquellos grupos afines, "dirigidos o apoyados" desde Moscú, en una alusión velada a los rebeldes separatistas que operan en el este de Ucrania.
Además, Rusia también tiene abierto otro posible frente judicial en el Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya fiscalía ya ha iniciado una investigación formal por posibles crímenes de guerra después de que así lo hayan solicitado más de 40 países, entre ellos España. En contra de lo que ocurre en la CIJ, que dirime disputas entre estados, el TPI señala a personas con nombres y apellidos, por lo que todas las miradas está puestas en la hipotética imputación del presidente ruso, Vladimir Putin.