EEUU.- La Cámara de Representantes de EEUU condena que el Gobierno ocultase la corrupción del Gobierno iraquí

Actualizado 17/10/2007 0:54:23 CET

WASHINGTON, 16 Oct. (EP/AP) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy por 395 votos a favor y 21 en contra una resolución que condena la actuación del Departamento de Estado, que se negó a publicar la información relativa a la corrupción descubierta en el Gobierno iraquí.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el demócrata Henry Waxman, afirmó que "el Gobierno de (George W.) Bush está ocultando la verdad y, al mismo tiempo, pretende recaudar cientos de miles de dólares y pone en peligro" a las tropas estadounidenses. "No podemos permitir que esto ocurra", añadió.

Waxman fue quien propuso la resolución, que, aunque no es vinculante, establece que el Gobierno ha abusado de su poder al clasificar unas evaluaciones estadounidenses que revelaron la existencia de actividades de corrupción en el Ejecutivo de Nuri al Maliki. "Hace cinco años, los abusos del sistema de clasificación (de documentos) nos metieron en esta guerra (la de Irak); es hora de que este abuso termine", señaló.

El jefe republicano del Comité de Waxman, Tom Davis, aseguró que "esta resolución es sólo el último hallazgo en una búsqueda frenética para conseguir votos contra la guerra" por parte de los demócratas, que dominan la Cámara de Representantes y que, según Davis, pretenden así "alimentar a una cada vez más impaciente facción de izquierda de su partido".

El coordinador para Irak del Departamento de Estado, David Satterfield, argumentó que la corrupción es "un problema endémico y pernicioso" en el Gobierno iraquí que preocupa tanto a los líderes políticos iraquíes como a los estadounidenses. "No es algo cuya importancia hayamos intentado reducir en ningún momento, o que hayamos intentado proteger", añadió.

En este sentido, indicó que el objetivo que perseguía el Departamento de Estado al clasificar la información sobre el Ejecutivo iraquí era sólo proteger la vida privada de las personas y evitar que surgiesen acusaciones injustas de corrupción que no hubiesen sido probadas.