MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves la aplicación de sanciones contra dos funcionarios por la ola de violencia en Nicaragua, que se ha saldado con la muerte de al menos 220 personas y cerca de 1.500 personas.
El Departamento del Tesoro estadounidense ha detallado que los afectados son el comisario de la Policía, Francisco Javier Díaz, el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno, a los que ha responsabilizado de "graves abusos de los Derechos Humanos".
Por otra parte, ha manifestado que también ha sido incluido en su lista de sanciones al vicepresidente ALBA de Nicaragua (ALBANISA) y presidente de Petronic, José Francisco López Centeno, por corrupción.
"La violencia cometida por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra el pueblo de Nicaragua y los esfuerzos de los cercanos al régimen de Ortega para enriquecerse de forma ilícita son muy preocupantes y totalmente inaceptables", ha dicho el vicesecretario del Tesoro Sigal Mandelker.
"Ortega y su círculo cercano siguen violando las libertades fundamentales de civiles inocentes mientras ignoran los llamamientos de la población para reformas democráticas, que incluyen elecciones libres, justas y transparentes", ha remachado.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha denunciado este mismo jueves la grave situación en materia de derechos fundamentales que está viviendo Nicaragua y ha reclamado al Gobierno nicaragüense que adopte de inmediato medidas significativas para evitar más muertes, hacer frente a la impunidad y garantizar que las víctimas reciben justicia.
"La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los Derechos Humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho", ha asegurado Zeid en un comunicado.
Los opositores exigen la renuncia del mandatario, al que acusan de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una "dictadura familiar". Ortega ha acusado a los manifestantes de intentar socavar la democracia en uno de los países más pobres de América.
