MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han criticado este lunes el intento por parte del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), Iván Velásquez, decisión que fue desautorizada por el Tribunal Constitucional del país.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha subrayado que la decisión es "muy preocupante" y que "Velásquez es una voz fundamental contra la corrupción y en el cumplimiento del Estado de Derecho", recalcando que "tiene el apoyo total de Estados Unidos y de la comunidad internacional".
"Esperamos que el Gobierno guatemalteco permita a la CICIG llevar a cabo su trabajo esencial sin interferencias. Luchar contra la corrupción es esencial para la seguridad y prosperidad futura de Guatemala, lo que es algo que valoramos mucho", ha remachado.
En esta misma línea se ha pronunciado la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien ha alertado que la decisión de Morales "pone en grave riesgo el trabajo iniciado por la CICIG para fortalecer el Estado de Derecho en el país".
"La UE apoya desde hace mucho a la CICIG, que, bajo el liderazgo de Velásquez, ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la puesta en marcha de reformas y el fortalecimiento de las instituciones nacionales en Guatemala", ha señalado.
Por ello, ha manifestado que "es importante que se deje a la CICIG desarrollar sus actividades sin interferencias políticas", reiterando el compromiso a Guatemala "en su lucha contra la corrupción y la impunidad".
"Estos esfuerzos son esenciales no sólo para la defensa de los derechos fundamentales, sino para la consolidación de la seguridad y el desarrollo económico, en interés de todos los guatemaltecos", ha apostillado Mogherini.
Morales había declarado este domingo persona 'non grata' y expulsado del país a Velásquez tras acusarle de extralimitarse en sus competencias, después de que la Fiscalía y la CICIG solicitaran la apertura de un juicio previo contra el mandatario por presunta financiación ilegal de su campaña.
Tras el anuncio de Morales, diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron una acción de amparo ante el Constitucional para dejar sin efecto la decisión. Sin embargo, el presidente ha asegurado que la potestad recae sobre el Ejecutivo.
