EL CAIRO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional de Egipto ha convocado para mañana una reunión de emergencia a raíz de la decisión del presidente, Mohamed Mursi, de revocar la disolución del Parlamento electo y ordenar su vuelta al trabajo a pesar del fallo de dicho Tribunal del pasado 14 de junio en el que anulaba un tercio de los escaños de la Asamblea Popular (Cámara Baja).
El juez Tarek Shebl, miembro de la Asamblea General del Tribunal, ha dicho en declaraciones publicadas por la edición digital del diario egipcio 'Al Ahram' que la resolución de Mursi representa un "intento de eludir" el dictamen del Constitucional que determinó que la ley de electoral parlamentaria --que regía en las elecciones legislativas del año pasado-- es inconstitucional.
En dicha reunión se discutirá el decreto de Mursi y las implicaciones del restablecimiento de la Cámara Baja del Parlamento. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas acató el fallo del Constitucional, disolvió la asamblea el mes pasado y se atribuyó las competencias legislativas además de las presidenciales que ostentó hasta la toma de posesión de Mursi, el pasado 30 de junio.
"Las sentencias del Alto Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las autoridades estatales", ha dicho Shebl. "La decisión de restablecer la Asamblea Popular no cambia los fundamentos del Tribunal con respecto a la inconstitucionalidad de la Asamblea". Según recoge el diario, Shebl ha llegado a afirmar que cualquier ley promulgada por el parlamento una vez restablecida la Cámara "se consideraría inconstitucional".
El expresidente del Tribunal, Faruk Sultan, también ha criticado la decisión de Mursi. "Estoy asombrado. Cómo el presidente, quien juró respetar la ley, ha emitido un decreto que no sólo viola la ley sino que también viola al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad judicial del Estado", ha declarado Sultan a 'Al Ahram'.
Según Sultan la decisión recae en última instancia en los tribunales administrativos de Egipto que son responsables de determinar la legalidad de las resoluciones y decretos presidenciales. "La decisión de Mursi se considera de carácter administrativo, por lo que los tribunales administrativos tienen la autoridad para revocarla", ha explicado.
