RANGÚN, 23 May. (Reuters/EP) -
El Ejército birmano ha vuelto a rechazar las acusaciones de Naciones Unidas sobre los posibles abusos contra los Derechos Humanos que han cometido las fuerzas de seguridad del país contra la minoría rohingya en el estado de Rajine, una ofensiva que ha obligado a más de 75.000 personas a huir a Bangladesh.
El Ejército puso en marcha la campaña militar el pasado mes de octubre, como respuesta a un ataque insurgente en un puesto fronterizo de Rajine en el que perdieron la vida nueve policías. Desde entonces, las autoridades han clausurado el estado por completo.
La situación de la minoría rohingya, que al contrario que la mayor parte de los birmanos profesa la fe musulmana, se ha convertido en el principal desafío de la líder birmana y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ha asegurado que las fuerzas de seguridad birmanas han llevado a cabo ejecuciones en masa y violaciones en grupo contra miles de rohingya en una campaña que "probablemente" implique crímenes contra la Humanidad y limpieza étnica, de acuerdo con un informe publicado el pasado mes de febrero.
"De las 18 acusaciones incluidas en el informe del Alto Comisionado, 12 son incorrectas, mientras que las seis restantes han sido simplemente fabricadas e inventadas, basadas en mentiras y en invenciones", ha garantizado el diario estatal 'Global New Light' en su crónica de la investigación militar sobre los supuestos abusos.
De acuerdo con el periódico, conocido por tener una línea editorial cercana al Gobierno, los investigadores militares han entrevistado a cerca de 3.000 rohingya de 29 aldeas diferentes y han recogido el testimonio de 408 de ellos, así como 184 oficiales militares en la zona.
Tres soldados han sido encarcelados por delitos menores, como pegar a un civil o robar una motocicleta. Además de la investigación militar, que el Ejército ya ha dado por concluida, Suu Kyi ordenó la creación de una comisión a nivel nacional para analizar las acusaciones. El presidente de la comisión es el vicepresidente del Gobierno, Myint Swe, antiguo jefe de Inteligencia del Ejército birmano.
