WASHINGTON, 6 Dic. (Reuters/EP) -
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha planteado una serie de puntos para la implementación unilateral de su política migratoria, tal y como prometió durante la campaña electoral, pero aún podría enfrentarse a ciertas reticencias por parte del Congreso.
Las medidas, que incluyen la deportación de inmigrantes en situación irregular y el fin de las detenciones breves de aquellos que cruzan la frontera y se encuentran a la espera de que se lleven a cabo audiencias judiciales, tendrían que contar con la aprobación del Congreso para ser adoptadas en su totalidad, según varios expertos legales que han señalado que algunas de las políticas pueden entrar en vigor de forma independiente sin el visto bueno de las cámaras.
Sin embargo, el equipo de transición de Trump no ha aclarado cómo se llevará a cabo el proceso para poner en marcha las iniciativas al respecto. "Ahora está ocupado nombrando a su nuevo gabinete", ha indicado el portavoz del grupo de trabajo Jason Miller, quien ha añadido que "habrá mucho tiempo para discutir temas específicos tras su nombramiento".
El experto en inmigración Stephen Yale Loehr ha manifestado que un aumento de las deportaciones requeriría más personal para investigar, detener y procesar, y retener a los inmigrantes no sería sencillo debido a que las detenciones no pueden extenderse más de 20 días para aquellos adultos y niños que viajen juntos.
Según Yale Loehr, las políticas podrían implementarse siempre y cuando sean acompañadas por una serie de infraestructuras para poder retener a los inmigrantes, lo que resultaría muy costoso. Trump podría derogar los decretos emitidos por Obama en 2012, los cuales permiten que aquellos menores que entren en el país como inmigrantes ilegales puedan solicitar permisos de trabajo en el futuro.
Los retos a los que se enfrentará Trump a la hora de poner en marcha sus políticas de inmigración serán los siguientes:
CONSTRUIR UN MURO
Trump posee la potestad legal necesaria para construir un muro fronterizo en el sur del país. Sin embargo, necesitaría la aprobación del Congreso para poder financiar la obra, que se extendería a lo largo de 3.218 kilómetros aproximadamente.
Además, también existen impedimentos logísticos. Algunas zonas de la frontera entre Estados Unidos y México son propiedad privada, y la topografía de algunas zonas dificultaría significativamente las labores de construcción.
RETENCIÓN DE LOS INMIGRANTES
Acabar con la práctica conocida como "coger y liberar", según la cual los inmigrantes son detenidos y puestos en libertad a la espera de que se lleven a cabo las vistas judiciales pertinentes, podría ser viable para Trump.
Sin embargo, la completa puesta en marcha de esta medida implicaría un mayor espacio para las detenciones. En Estados Unidos hay actualmente unos 500.000 casos abiertos al respecto y la Justicia prohíbe detener a niños y padres durante más de 20 días.
CERO TOLERANCIA CON LOS CRIMINALES
La Administración Obama prioriza la deportación de aquellos inmigrantes que hayan sido condenados por haber cometido algún tipo de crimen. La intención del presidente electo es la de extender la definición de estos delitos para que abarquen un mayor número de casos y permitan la deportación de más personas, algo que requeriría más fondos por parte del Gobierno.
BLOQUEAR LA FINANCIACIÓN A LAS CIUDADES SANTUARIO
Trump ha amenazado con cortar los recursos destinados a las denominadas "ciudades santuario", como Chicago y Los Ángeles, donde las autoridades locales se niegan a denunciar a los inmigrantes ilegales ante las autoridades a nivel federal.
A pesar de que Trump podría reducir el presupuesto destinado a estas ciudades, los alcaldes de las localidades han insistido en que no se dejarán intimidar ni presionar por la Administración para entregar a los inmigrantes a los agentes federales.
REFORZAR LAS LEYES DE INMIGRACIÓN
El presidente posee autoridad para derogar aquellas leyes de inmigración que impiden la deportación de los más de 700.000 inmigrantes que llegaron de forma ilegal cuando eran niños a Estados Unidos.
Endurecer las leyes de inmigración supondría la deportación de al menos 11 millones de personas, lo que requiere una gran inversión y la aprobación por parte del Congreso, que tendría que aumentar el radio de trabajo de las fuerzas de seguridad y necesitaría de un gran número de jueces capaces de hacer frente a las deportaciones.
Redistribuir a los inmigrantes, que en su mayoría tienen fuertes vínculos familiares en el país, sería complicado desde un punto de vista logístico y podría provocar disturbios a nivel social.
SUSPENDER LA EXPEDICIÓN DE VISADOS
Esta medida afectará principalmente a aquellos solicitantes de asilo provenientes de países donde están teniendo lugar conflictos armados, como Siria e Irak. Bajo la ley actual, Trump podría suspender los visados de este sector de la población alegando que los inmigrantes podrían resultar "peligrosos para los intereses de Estados Unidos".
La política, parecida a la "prohibición de los musulmanes" propuesta por el presidente electo cuando era candidato, podría enfrentarse a serias dificultades ante los tribunales por suponer una medida discriminatoria.
ASEGURAR QUE OTROS PAÍSES ACEPTAN LAS DEPORTACIONES
La Administración Obama se enfrentó a serias dificultades a la hora de intentar que los países de origen admitieran de vuelta a aquellas personas que eran deportadas por las autoridades estadounidenses.
Trump podría ejercer presión diplomática sobre países como China, un Estado que se ha negado a aceptar la deportación de un amplio número de personas desde Estados Unidos, lo que podría tener consecuencias a nivel internacional.
DETECTAR QUIÉN PERMANECE EN EL PAÍS
Estados Unidos debe aún desarrollar un sistema para rastrear qué visitantes abandonan el país cuando sus visados expiran. Para poner en marcha un programa al respecto, que incluiría la obtención de huellas dactilares de los inmigrantes, es necesaria una gran inversión. Sin embargo, algunos expertos han señalado que el sistema no resulta práctico.
PENALIZAR LA CONTRATACIÓN
Para aprobar el establecimiento de una base de datos conocida como 'E-Verify', la cual permitirá registrar la procedencia de un candidato a un puesto de trabajo, Trump necesitará el visto bueno del Congreso.
Hasta que el sistema no sea puesto en marcha, resulta complicado para las autoridades penalizar a aquellos empresarios que den trabajo a los inmigrantes sin documentación que utilicen un número de la seguridad social falso.
REFORMAR LA LEY PARA QUE SIRVA A EEUU
El Departamento de Seguridad Nacional, el de Justicia y el de Trabajo podrían aumentar el número de investigaciones abiertas en relación con aquellos empresarios que se aprovechen de los programas de visados, como el H1B, que permite a las empresas contratar a extranjeros.
No obstante, la retirada de los visados podría provocar una mala reacción por parte del sector industrial, incluida la industria tecnológica, que posee un gran peso en el país.
