MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La empresa Odyssey Marine Exploration, con base en Tampa (Florida) y propietaria del barco Odyssey Explorer, deberá presentar a las autoridades de la Junta de Andalucía su nuevo proyecto arqueológico para identificar el 'HMS Sussex', el navío británico que se hundió en 1694 en la bahía de Cádiz con un supuesto cargamento de oro, según informaron fuentes diplomáticas españolas a Europa Press.
El Departamento de Miguel Ángel Moratinos reconoció que "hace unas semanas" se produjo la última reunión en la sede del Ministerio con representantes de la empresa estadounidense y de la Junta de Andalucía. "Odyssey está preparando un nuevo proyecto arqueológico que presentará a la Junta en breve y ésta se ha comprometido a examinarlo con la mayor celeridad posible", precisaron las citadas fuentes sobre el destinatario del plan.
Odyssey Marine Exploration anunció ayer que el Gobierno británico le ha autorizado a completar la segunda fase de identificación del 'HMS Sussex'. "El Gobierno británico notificó a Odyssey que el trabajo detallado en el informe cumple o excede todos los requerimientos de la fase 1A del plan del Sussex y Odyssey ha sido autorizado a completar la fase 1B del proyecto", se indicó en el comunicado.
La compañía estadounidense señaló que en febrero mantuvo encuentros con responsables del Ejecutivo español, de la Junta de Andalucía y del Gobierno británico, en los que reafirmó su compromiso de entregar un nuevo plan arqueológico que cumpla con las demandas españolas. "Este plan, que incluirá la colaboración con arqueólogos españoles, está siendo preparado en la actualidad y se espera entregarlo a las autoridades apropiadas a comienzos de marzo", manifestó.
Greg Stemm, cofundador de Odyssey Marine Exploration, afirmó tras una serie de entrevistas en Londres y Madrid que entendía "las sensibilidades geográficas y políticas en torno al proyecto" e hizo hincapié en que harán "grandes esfuerzos para mostrar su disposición a trabajar de forma constructiva con todos los gobiernos implicados".
Además, dejó claro que su compañía y la Royal Navy británica han recibido garantías del Gobierno español y la Junta andaluza de que estas últimas examinarán "de forma expeditiva" el nuevo proyecto que le entreguen en los próximos días.
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La compañía aceptó el 27 de enero el traslado de su barco a otro punto del Mediterráneo occidental a la espera de que Reino Unido y Estados Unidos orientasen a la compañía sobre cómo responder a la última nota verbal del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en la que se pidió el cese inmediato de actividades.
En aquella ocasión, indicó que había completado la primera fase de su proyecto, que incluía "la recogida de muestras arqueológicas para identificar el lugar donde se cree que se encuentra el HMS Sussex" y amenazó que estudiaba acciones legales contra los barcos que han tratado de interferir en sus operaciones, así como contra aquellos medios de comunicación que difundieron "información falsa y engañosa" en aquellos días sobre este proyecto.
Un día antes, el Departamento de Miguel Ángel Moratinos había remitido una nota verbal a la Embajada estadounidense en la que pidió la suspensión inmediata de las actividades del buque Odyssey ya que la empresa estaba incumpliendo las condiciones establecidas por el Gobierno español en julio de 2005 y que autorizaba la exploración marítima.
La nota de julio del pasado año estipulaba que la campaña de investigación marina debería realizarse conforme a la ley, y debía referirse "exclusivamente" a la identificación del pecio, precisó Exteriores. Además, durante la misma, estaría presente a bordo el buque explorador, "en todo momento y como observador", un experto designado por la Junta de Andalucía y que tendría acceso "pleno" a todas las pruebas obtenidas.
En opinión del Ejecutivo español, "aunque la Junta de Andalucía no designó a dicho experto", el proyecto presentado por la empresa no se ajustaba a la normativa aplicable, "en concreto a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y al Reglamento de Actividades Arqueológica había procedido "en las últimas semanas a realizar trabajos de investigación marina en aguas españolas incumpliendo las referidas condiciones".
Por este motivo, proseguía, "la Comandancia de la Guardia Civil ha presentado una denuncia contra la empresa, por desobediencia grave, ante la autoridad judicial competente". Para desbloquear la situación, el departamento de Moratinos propuso a la empresa, por último, que presentase "un nuevo proyecto que respete las disposiciones de la referida normativa autonómica andaluza" y en el que la misión se limitase "a identificar el pecio del navío, no a su rescate".
