MADRID, 17 Mar. (por Andrés Conde, director general de Save the Children) -
Durante 2015, más de un millón de personas llegaron a las costas europeas en un arriesgado viaje por el Mar Mediterráneo en busca de seguridad. Según datos Naciones Unidas, y según comprobamos cada día sobre el terreno, un 60% son mujeres y niños que huyen de la guerra. Estamos ante la mayor crisis humanitaria que enfrenta Europa en nuestro tiempo. Y, sin embargo, vemos cómo los 28 violan sus propias leyes de asilo con la mayor impunidad.
La cumbre celebrada la semana pasada entre los líderes europeos y el Gobierno turco plantea una manifiesta violación de la legalidad internacional. La propuesta de acuerdo parte de un planteamiento perverso que no reconoce a los cientos de miles de sirios, afganos e iraquíes su estatuto de refugiados.
La ley internacional estipula que quien llega a un territorio huyendo de la guerra y o de la violencia puede pedir asilo, y no puede ser expulsado o deportado hasta que se resuelva su expediente. Pero los 28, junto al gobierno de Ankara, se proponen devolver a Turquía a todos los migrantes irregulares, tanto los "económicos" como los refugiados, incluidos los sirios. Esta medida supone un atentado al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros, y sigue sin atajar la tragedia de las miles de vidas en manos de redes de tráfico de personas.
Esta propuesta de acuerdo demuestra una vez más que la Unión Europea está enfocando la solución a esta crisis sólo desde una perspectiva de control de fronteras y de flujos migratorios, sin considerar el respeto a los derechos de los refugiados que huyen de la guerra, la violencia y la persecución buscando seguridad en Europa. Lamentablemente, el Gobierno español no se ha desmarcado de estas políticas y consiente la mayor vulneración de derechos por parte de Europa en los últimos tiempos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está perdiendo la oportunidad de liderar un cambio de política en relación con esta crisis de refugiados.
COMPROMISOS
Desde Save the Children instamos al Gobierno español a cumplir con los compromisos asumidos ante la Unión Europea, incrementando de manera significativa e inmediata el número de plazas a disposición de los programas de reubicación y reasentamiento, y destinando los recursos necesarios para la acogida e integración de las personas refugiadas.
El Gobierno español se comprometió a finales de 2015 a acoger a 17.680 personas en dos años procedentes de Italia y Grecia, junto a los reasentados de los países vecinos de Siria que acogen refugiados, como Turquía. En estos momentos solo han llegado 18 de ellos.
Asimismo, es urgente que los Estados miembros acuerden un paquete de medidas para dar respuesta a las necesidades específicas de protección de la infancia migrante y refugiada, con objetivos concretos y medibles, y con los recursos adecuados para tal fin.
El reto de la Unión Europea ante esta crisis humanitaria es velar por el cumplimiento de los tratados internacionales y ayudar a los países miembros para que los sistemas nacionales de protección puedan garantizar los derechos de las personas refugiadas. Especialmente de los 290.000 niños y niñas que desde comienzos de 2015 hasta ahora han llegado a las costas europeas. Y, entre ellos, de las decenas de miles que han llegado a Europa no acompañados por sus familiares, y que según la propia Europol se encuentran en paradero desconocido.
España y la Unión Europea tienen la obligación legal, política y moral de proteger a estos miles de niños y niñas mediante medidas urgentes, concretas y eficaces, en el respeto de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Las políticas migratorias y de control de fronteras nunca deben primar sobre el derecho de los niños a estar protegidos.
