Ex altos cargos de la Inteligencia estadounidense instan al Congreso a renovar un programa de cibervigilancia

WASHINGTON 23 Oct. (Reuters/EP) -

Antiguos altos cargos de la Inteligencia estadounidense que trabajaron para gabinetes republicanos y demócratas han instado este lunes al Congreso a renovar el programa de vigilancia por Internet autorizado por la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA), que expirará el próximo 31 de diciembre si no se toman medidas antes de la fecha.

El programa permite a las agencias de espionaje estadounidenses realizar escuchas y obtener grandes cantidades de información digital sobre aquellos sospechosos que viven en el extranjero. Los antiguos cargos de la Inteligencia han asegurado que la FISA frenó conspiraciones de grupos armados y ayudó al Congreso a abordar crisis internacionales.

"Hemos puesto personalmente a disposición de las autoridades y del Congreso ejemplos detallados de conspiraciones que fueron frustradas por la información que se obtuvo de la Sección 702", afirman en una carta destinada a los portavoces del Congreso.

"Le pedimos al Congreso que vuelva a autorizar cuanto antes el programa y continúe permitiendo a los trabajadores de la Inteligencia proteger nuestro país", añaden.

Grupos de defensa de los Derechos Humanos, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, se oponen a la ley porque en ocasiones puede provocar fugas de información privada de ciudadanos estadounidenses.

La Comisión de Inteligencia del Senado tiene la intención de votar el martes un proyecto de ley para reautorizar la Sección 702. Sin embargo, uno de los senadores demócratas, Ron Wyden, ha asegurado este lunes que el borrador podría "tener un enorme impacto en la seguridad, la libertad y los derechos constitucionales de los estadounidenses".

Un grupo bipartito de la Cámara de Representantes planteó a principios de octubre una reforma para limitar el acceso a información privada recogido por la Sección 702, incluida la restricción de acceso del FBI a los datos de los estadounidenses que obligará a los agentes a pedir una autorización específica cuando investiguen un delito.