GINEBRA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas han urgido a los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo legalmente vinculante sobre derechos ambientales, entre los que se incluyen los derechos a la información, participación y justicia ambiental.
El llamamiento se ha producido con motivo de la reunión de estados iberoamericanos y caribeños en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Santiago de Chile, donde está teniendo lugar su octava ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo regional en asuntos ambientales.
Este nuevo tratado sería particularmente importante, de acuerdo con los expertos, ya que ésta es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos ambientales. Solo en 2016 fueron asesinados más de cien defensores ambientales en la región.
Los expertos han afirmado que es fundamental que los gobiernos de la zona actúen solidariamente. "La adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región. Sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente", han añadido.
También han destacado que acogerían con satisfacción que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deberían incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no solo los posibles efectos sobre la salud de las personas, sino también otras consecuencias sociales, entre las que se incluyen impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento.
Uno de los expertos, el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, ha felicitado a los estados por los esfuerzos realizados durante los últimos años de negociaciones, que se ha recorrido un largo camino y se han logrado grandes avances. No obstante, ha reiterado que el tiempo apremia y que los Estados deberían "finalizar su labor mediante la adopción de un tratado fuerte, jurídicamente vinculante para la región".
"Para proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente", ha subryado Knox. "Este acuerdo sería un salto adelante en ese esfuerzo crucial", ha añadido.
Por otra parte, el experto independiente sobre la deuda externa y Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, ha mencionado que espera que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales.
Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan, y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Por el momento, la mayoría de los Estados de la región ya han firmado una declaración en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicación de este principio 10.
