MANILA, 24 (DPA/EP)
El portavoz del Gobierno filipino, Salvador Panelo, ha anunciado este viernes el inicio de los trámites para disolver el acuerdo que regula la presencia militar norteamericana en el país después de que Estados Unidos prohibiera la entrada a todos los cargos del Gobierno filipinos involucrados en el encarcelamiento de la senadora Leila De Lima.
De Lima entró en la cárcel en 2017 acusada de tráfico de drogas, pero la senadora argumenta que se trata de una persecución política por manifestar su descontento con la campaña antidroga iniciada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, denunciada por múltiples ONG por su brutalidad.
Duterte anunció este jueves su intención de eliminar el acuerdo si Estados Unidos no daba marcha atrás a su decisión, pero hoy Panelo ha declarado que Filipinas no esperará la respuesta norteamericana. "El proceso (de disolución) ha comenzado, ha declarado Panelo. Al mismo tiempo, el portavoz ha confirmado que su país ha adoptado medidas recíprocas contra una delegación de senadores norteamericanos que intentaron visitar a De Lima.
Particularmente sangrante para Duterte ha sido la prohibición específica contra uno de los principales aliados del presidente, el senador Roland 'Bato' dela Rosa, antiguo jefe de la Policía Nacional de Filipinas y arquitecto, precisamente, de la mortífera guerra contra las drogas puesta en marcha bajo su Administración.
El llamado Acuerdo de las Fuerzas de Visita (FVA, por sus siglas en inglés) permite a Washington enviar efectivos a los puertos filipinos y realizar grandes ejercicios militares conjuntos.
DETENCIÓN DE LA SENADORA LEILA DE LIMA
El senador estadounidense Edward Markey ha condenado la actitud del Gobierno filipino a la hora de prohibir la entrada en el país de la delegación norteamericana.
"El presidente Duterte esté muy equivocado si cree que va a silenciarnos a mí y a mis colegas", ha subrayado Markey durante una rueda de prensa. Markey es el tercer senador sometido a sanciones por parte de Manila y ha señalado que Duterte ha fracasado a la hora de intentar acallar a De Lima y todos aquellos que "cuentan la verdad".
"Estoy con la gente de Filipinas y con la comunidad filipino-estadounidense en la lucha a favor de la democracia y contra las tácticas del Gobierno de Duterte", ha zanjado.
La Policía de Filipinas estima que al menos 6.600 presuntos drogadictos y traficantes han muerto en la guerra contra las drogas desde 2016 dado que se resistieron a ser detenidos. Por su parte, activistas defensores de Derechos Humanos afirman que más de 20.000 personas han muerto en operaciones estatales.
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