GINEBRA/MANILA, 27 Mar. (EP/AP) -
El Ejército filipino permanece, según incidió hoy Philip Alston, experto de la ONU, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un "estado de negación" en relación a su implicación en la ejecución extrajudicial de cerca de 800 activistas de izquierda y periodistas y en el secuestro de decenas de opositores en los últimos seis años, por lo que no consideró probable que el Ejército admita tal implicación.
En este sentido, reconoció el "reducido motivo para el optimismo" de que el Ejército aborde las acusaciones. "El Ejército permanece en un estado de cuasi total negación respecto a su necesidad de responder efectiva y auténticamente por el significativo número de asesinatos que de forma convincente han sido atribuidos a ellos (los militares)", aseguró.
A pesar de que el Ejecutivo de Manila ha cooperado durante su visita al país de forma ejemplar y ha adoptado una serie de recomendaciones "los militares y muchos funcionarios clave han enterrado en la arena sus cabezas colectivas y han anunciado que la situación continuará normal", subrayó Alston.
Por su parte, fuentes militares aseguran que están investigando la presunta implicación de sus efectivos en el asesinato de algunos soldados, aunque responsabilizan de la muerte de líderes guerrilleros maoístas --que llevan luchando cerca de 40 años para establecer un Estado comunista-- a una purga interna, ajena a ellos, si bien Alston aseguró no haber recibido ninguna prueba por parte del Gobierno que lo atestigüe y dio la "bienvenida" a la presentación de tales pruebas.
Asimismo, el Ejecutivo filipino y la presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo, aseguran que el Ejecutivo no es el artífice e impulsor de estos asesinatos extrajudiciales, los cuales, insisten, intentan controlar y suspender.
Según la organización local de Derechos Humanos, Karapatan, más de 800 personas han sido ejecutadas y otras 200 personas han desaparecido en Filipinas.
Por su parte, el arzobispo de Manila, el cardenal Gaudencio Rosales denunció hoy que todos los asesinatos políticos, sean perpetrados por el Gobierno o las guerrillas comunistas son malos. "Debemos decirle al Gobierno así como a los rebeldes que está mal matar", incidió Rosales en declaraciones recogidas por los medios locales.
El portavoz de la presidenta, Ignacio Bunye, tachó de "justos" los comentarios del arzobispo de la capital, e incidió en que el Ejecutivo filipino desearía implicar a la comisión de Derechos Humanos de la ONU y al Ejecutivo estadounidense "en la lucha frente al mal y en la búsqueda de la justicia imparcial".
