MANILA, 10 Jul. (EP/AP) -
El Tribunal Supremo de Filipinas ha desestimado el caso por rebelión contra cerca de 50 diputados de izquierda, oficiales del Ejército renegados y guerrilleros comunistas que presuntamente conspiraron para derrocar a la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, el año pasado.
En su sentencia del 2 de julio dada a conocer hoy, el Tribunal obliga al Gobierno a ordenar la puesta en libertad del diputado de izquierdas Crispin Beltran, detenido después de que generales leales a la presidenta aplastaran el presunto intento golpista contra Arroyo en febrero de 2006. Beltran, cuya detención desencadenó protestas contra el Gobierno, se encuentra detenido en un hospital de Manila debido a los problemas cardíacos que padece.
Otros cinco diputados de izquierda implicados en el complot buscaron refugio en el Congreso hasta que una orden judicial les protegió de ser detenidos. Además, varios oficiales militares que también participaron en el presunto complot permanecen detenidos y se enfrentan a distintos cargos ante una corte marcial.
El Supremo desestimó el caso por rebelión argumentando que los fiscales carecían de pruebas suficientes pero aún así mantuvieron los cargos de rebelión y llevaron a cabo investigaciones "plagadas de irregularidades". Además, advirtió al secretario de Justicia, firme partidario de Arroyo, y a sus fiscales de utilizar sus poderes para fines políticos.
El Gobierno apeló la decisión, pero el Tribunal Supremo descartó el caso por rebelión de forma definitiva, afirmando que los abogados gubernamentales no habían presentado ningún nuevo argumento sustancial que permitiera revocar la primera sentencia.
"Esta es una gran victoria con implicaciones beneficiosas para todos los defensores de las libertades civiles y aquellos implicados en la disidencia legítima", afirmó el abogado Romeo Capulong, que representa a Beltrán y otros cinco diputados de izquierda imputados.
Gonzales aceptó la derrota y rechazó realizar ningún comentario sobre la decisión judicial. El caso por rebelión se había lanzado tras las acusaciones del Gobierno de que activistas de izquierda, guerrilleros comunistas y soldados renegados habían formado una alianza para intentar derrocar a Arroyo en un complot que contemplaba la toma violenta del palacio presidencial, el Congreso, el cuartel general del Ejército y otras dependencias gubernamentales.
La investigación sobre el golpe fallido sacó a la luz pequeños complots que presuntamente implicaban el asesinato de Arroyo y de determinados miembros de su gabinete, según informaron los oficiales militares entonces.
Arroyo declaró el estado de emergencia durante una semana tras evitarse el intento de golpe de Estado y comenzó una campaña de persecución contra los activistas de izquierda y los políticos de oposición.
