LA HAYA, 23 Nov. (Reuters/EP) -
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha descartado que vaya a producirse un abandono masivo de miembros del TPI, a pesar de la decisión de Sudáfrica, Burundi y Gambia de salirse de la corte de La Haya.
Bensouda ha afirmado, en una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, que los miembros restantes --un total de 121-- han ratificado su compromiso con el Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, tras el órdago africano.
Asimismo, ha aclarado que la Fiscalía seguirá con su trabajo, en alusión al examen preliminar abierto contra Burundi por la violencia que se ha desatado tras las revueltas opositoras contra la reelección del presidente, Pierre Nkurunziza, en 2015.
Bensouda también ha negado que el TPI se ocupe únicamente de las atrocidades cometidas en África y obvie los crímenes internacionales perpetrados en otras partes del mundo, principal argumento esgrimido por estos tres países.
Si bien es cierto que nueve de los diez casos bajo investigación son africanos y que los seis procesados proceden del continente negro, Bensouda ha recordado que muchos de estos casos han sido llevados ante La Haya por los propios gobiernos.
Bensouda, jurista gambiana, ha reconocido, no obstante, que la salida de Sudáfrica, Burundi y Gambia, es un mal precedente. "Incluso si solo un país decide retirarse del TPI creo que para el continente, hablando como africana, es un revés, una regresión", ha dicho.
La fiscal jefe también se ha referido al caso de Filipinas, cuyo presidente, Rodrigo Duterte, ha amenazado con dar la espalda a La Haya, después de que el TPI expresara su preocupación por las miles de víctimas que está dejando su guerra contra las drogas.
"Es importante que, como fiscal jefe del TPI, pueda expresar mis preocupaciones. Y también es importante que no mire hacia otro lado, porque eso es exactamente por lo que se creó este tribunal", ha defendido.
El TPI nace tras años de tensas discusiones el 17 de julio de 1998 con el Estatuto de Roma y comienza su andadura el 1 de julio de 2002 con el mandato de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Actualmente cuenta con 124 miembros sobre los que despliega su jurisdicción, si bien es posible que actúe en países que sin ser miembros se lo permitan y, en todo caso, por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha lamentado la iniciativa de Sudáfrica, Burundi y Gambia y ha alertado de que sus salidas del TPI podrían enviar "un mensaje equivocado" y propiciar un retroceso en la rendición de cuentas por crímenes internacionales.
