La Fiscalía del TPI suspende su investigación sobre la "guerra contra las drogas" de Duterte

El Gobierno filipino acoge la "mirada fresca" del TPI por estudiar su petición

El director de HRW para Asia asegura que la "investigación propia" de las autoridades filipinas es una pretensión "absurda"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha suspendido de forma temporal su investigación sobre la "guerra contra las drogas" del presidente filipino, Rodrigo Duterte, tras la petición del Gobierno de Filipinas de aplazar el proceso.

La Fiscalía del TPI notificó el 18 de noviembre a la Sala de Cuestiones Preliminares la suspensión de su investigación, si bien seguirá estudiando la información y evaluará la necesidad de reanudar el examen, como indica un documento publicado este viernes en la web del tribunal.

En concreto, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha incidido en que la paralización se produce para valorar el "alcance y la solicitud" de aplazamiento que demandó el Gobierno de Duterte el pasado 10 de noviembre argumentando que estaba llevando a cabo una investigación al respecto.

En este contexto, Khan ha avanzado que la Fiscalía "solicitará en los próximos días información adicional" sobre el caso para estudiar la solicitud de aplazamiento.

El Gobierno filipino ha acogido la "mirada fresca" que consideran que Khan ha traído al caso al aceptar revisarlo, aunque también ha reiterado que sus actividades no se encuentran bajo la jurisdicción del TPI.

"Esto no impide al Gobierno comunicarse con el TPI", ha explicado el portavoz presidencial Karlo Nograles, quien ha defendido que la decisión de presentar una solicitud para suspender el proceso al Tribunal se realizó "bajo la condición de que mediante esa comunicación el Gobierno filipino no renunciaba a su posición".

PRETENSIÓN "ABSURDA"

Por su parte, el director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para Asia, Brad Adams, ha asegurado este sábado en un comunicado que la pretensión de las autoridades filipinas de estar llevando a cabo una investigación propia es "absurda".

"La realidad es que la impunidad es la norma con el presidente Duterte, que es por lo que el TPI debería investigar. Esperemos que el TPI se dé cuenta de la estratagema", ha declarado Adams, según recoge el medio filipino Rappler.

También la Unión Nacional de Abogados Populares (NUPL) del país, una organización que aconseja a varias de las víctimas de la campaña antidroga, ha instado al TPI a que continúe su investigación y "no se vea afectado por las declaraciones de la Administración Duterte".

"Estas (declaraciones) son tan contrarias a lo que sucede sobre el terreno, y no deberían ser aceptadas de buenas a primeras", ha defendido la organización.

Además, el grupo ha criticado la lentitud del sistema de Justicia filipino, que, según NUPL, suele ser "inútil" para la mayoría de las víctimas pobres o poco representadas.

Los jueces del TPI autorizaron el 15 de septiembre una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la campaña antidroga del presidente, a pesar de que Duterte se retiró del tribunal como protesta en 2019.

En un discurso pronunciado el 21 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente filipino criticó la injerencia exterior y advirtió de que cualquiera que "actuara más allá de los límites" durante la guerra contra las drogas sería "responsabilizado" por la justicia filipina.

Posteriormente, el 10 de noviembre el Gobierno, representado por el embajador filipino en Países Bajos, Eduardo Malaya, presentó a la Fiscalía una solicitud de suspensión del proceso judicial asegurando que estaba desarrollado sus propias investigaciones sobre las muertes notificadas durante las operaciones antidroga.

El Gobierno filipino admite más de 6.000 fallecidos en sus polémicas redadas, aunque las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coinciden en que la cifra podría real podría ser hasta cuatro o cinco veces más.