EDIMBURGO/LONDRES, 17 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno británico ha apelado ante el Tribunal Supremo este martes para que dictamine si las leyes sobre el Brexit aprobadas el mes pasado por los parlamentos escocés y galés son constitucionales, argumentando que provocarían confusión legal.
Los legislativos en Edimburgo y Cardiff aprobaron las leyes para intentar garantizar que mantienen sus competencias actuales después de la salida de Reino Unido de la UE, argumentando que la propia legislación sobre el Brexit del Parlamento nacional podría erosionar dichas competencias.
La decisión del Gobierno británico de acudir al Supremo, lo que implica que Londres cree que Edimburgo y Cardiff han ido más allá de sus competencias delegadas a la hora de aprobar las leyes, representa una escalada en una disputa ya complicada.
El Gobierno en Londres afirma que las leyes escocesa y galesa cubren terreno similar a la legislación actualmente en proceso en el Parlamento británico, pero con diferencias significativas.
"Esta legislación corre el riesgo de crear una grave incertidumbre legal para las personas y los negocios cuando dejemos la UE", ha sostenido el fiscal general, Jeremy Wright, en un comunicado. El abogado del Gobierno ha indicado que el recurso ante el Supremo supone una medida de protección en interés de la población, y ha confiado en que la cuestión se resuelva sin la necesidad de continuar con el litigio.
El Gobierno escocés, que encabeza el Partido Nacional Escocés (SNP) claramente opuesto a los conservadores en el poder en Londres, ha dicho que está satisfecho con que la ley aprobada por el Parlamento de Edimburgo está dentro de la competencia legislativa.
"Nuestra Ley de Continuidad es una legislación importante y necesaria para preparar las leyes escocesas para el Brexit al tiempo que se protegen las competencias del Parlamento escocés por las que votaron los ciudadanos", ha defendido el ministro escocés para el Brexit, Michael Russell.
Las competencias cedidas en la actualidad a Edimburgo y Cardiff, como la agricultura, la pesca y los estándares alimentarios y de etiquetado --administradas en su momento desde Bruselas porque caen dentro del marco de la UE-- volverán al Parlamento nacional una vez que Reino Unido salga de la UE.
Edimburgo y Carfiff acusan al Gobierno británico de lo que consideran es una acaparación de poderes para mantener dichas competencias en Londres y están presionando para que se introduzcan cambios en la legislación sobre el Brexit a debate en el Parlamento nacional para evitar que esto ocurra. De no conseguir dichos cambios, las leyes aprobadas el mes pasado buscan actuar como malla de protección.
