PEKÍN, 3 Feb. (Reuters/EP) -
El Gobierno chino ha hecho pública una nueva regulación por la que los altos cargos no podrán encubrir información de disponibilidad pública bajo el argumento del secreto de Estado, según ha informado este domingo la agencia de noticias china Xinhua.
Esta nueva medida, que entrará en vigor el próximo 1 de marzo, prohíbe a todos los departamentos del Gobierno definir "como secreto de estado información que por ley debe ser pública", una reforma que Xinhua ha definido como un "intento de impulsar la transparencia gubernamental".
La ley sobre secretos de estado en China es extremadamente vaga, por lo que a efectos prácticos existe la posibilidad de encubrir todo tipo de información, desde el número de personas ejecutadas cada año hasta diferentes bases de datos industriales, incluso las cifras de contaminación. Además, hasta ahora toda información podía ser calificada como secreto de estado con carácter retroactiva.
La propia sociedad china, junto a la comunidad internacional, ha ejercido presión sobre el Gobierno para obtener una mayor transparencia, especialmente en temas relacionados con el medio ambiente, una cuestión que no suele tener implicaciones obvias en la seguridad nacional.
Desde el próximo mes de marzo, los altos cargos que conozcan la transgresión de algún secreto de estado deberán informar del problema dentro de las 24 horas posteriores y todo encubrimiento de la filtración o su falta de información oportuna será penalizada.
Según la nueva regulación, además, el "alcance de lo que es secreto deberá ajustarse de manera oportuna a los cambios de la situación". No obstante, en consonancia con la naturaleza difusa de la actual ley de secretos de estado, en la nueva ley no se ofrece ninguna explicación sobre qué tipo de información puede o no puede ser calificada como tal.
La cuestión en torno al poder del Gobierno chino de incluir información bajo secreto de estado captó la atención internacional en 2009 cuando un ciudadano australiano trabajador del gigante de la minería Rio Tinto fuera detenido, junto a tres compañeros de nacionalidad china, acusados de espionaje industrial en el marco de unas tensas negociaciones sobre el mineral de hierro.
Los altos cargos, en particular los de nivel local, apelan de forma habitual a la ley de secretos para impedir que salgan a la luz actividades por las que, de ser informados sus superiores, podrían ser penalizados, como casos de brutalidad policial o contaminación.
