EL CAIRO, 4 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno egipcio instaurado tras el golpe de Estado del 3 de julio ha manifestado este domingo su disposición a negociar para lograr una salida a la crisis política abierta tras la deposición deposición del presidente islamista, Mohamed Mursi, aunque ha advertido de que el tiempo es limitado.
Así, el Consejo de Defensa Nacional, integrado por notables militares y civiles, ha señalado en un comunicado que apoya la mediación impulsada por los representantes internacionales "que proteje los derechos de los ciudadanos sea cual sea su afiliación y que ahorra sangre, siempre y cuando se produzca en un periodo de tiempo definido y limitado".
El Consejo se refiere a los contactos mantenidos por el subsecretario de Estado norteamericano, William Burns; la embajadora estadounidense en Egipto, Anne Patterson; y el representante especial de la Unión Europea para el Sur del Mediterráneo, el español Bernardino León, con representantes del Gobierno y de los islamistas.
Este domingo Burns y León se han reunido con el jefe del Ejército, Abdelfatá al Sisi, según ha revelado un comunicado militar. En la mediación también participa el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdulá bin Zayed.
Por otra parte, un tribunal de El Cairo ha anunciado este domingo que los dos más altos cargos de los Hermanos Musulmanes, organización religiosa a la que pertenecía Mursi, serán juzgados por delitos como incitación al asesinato debido a la muerte de manifestantes en los días anteriores al derrocamiento de Mursi. Son Mohamed Badie y su 'número dos', Jairat el Shater y su juicio comenzará el 25 de agosto.
La Fiscalía ha ordenado además prisión provisional de 15 días para Rifaa el Tahtawi, jefe del Estado mayor del Ejército durante el mandato de Mursi, y para su lugarteniente, ambos acusados de incitación a la detención, tortura e interrogatorios a manifestantes durante 2012. El propio Mursi se encuentra retenido y en paradero desconocido desde hace más de un mes. Los Hermanos Musulmanes consideran que se trata de procesos judiciales politizados y piden su excarcelación para rebajar la tensión.
A pesar de estos encausamientos, que podrían dificultar el diálogo, la tensión entre los simpatizantes de Mursi acampados en la capital y las autoridades, que amenazan con desalojarlos, parece que se ha reducido y la posibilidad de un nuevo baño de sangre parece más lejana.
Casi 300 personas han muerto debido a la violencia política desde el derrocamiento de Mursi. Sólo el 27 de julio murieron unos 80 simpatizantes del presidente islamista por disparos presuntamente efectuados por las fuerzas de seguridad.
